Alrededor de 600.000 euros es lo que se está "embolsando" Sureste Seguridad, empresa concesionaria de la vigilancia privada de las dependencias municipales de la Ciudad Autónoma de Melilla en concepto de bonificación a la Seguridad Social entre los dos últimos contratos firmados con la Ciudad a razón de unos 300 euros mensuales desde noviembre de 2021 por cada uno de los 180 trabajadores que realizan servicios en las dependencias municipales.
Así lo declara Francis Aguilera, responsable de seguridad privada del Sindicato Independiente de Melilla (SIM), quien es tajante: “Los responsables políticos están permitiendo que se esfumen de Melilla alrededor de 159.000 euros hasta la fecha, que deberían haber terminado en el bolsillo de los trabajadores y, por ende, en la economía local, pero la desidia de la Ciudad está permitiendo que estén en las arcas de Sureste Seguridad”. Aguilera lamenta que “lo peor es ver cómo en su día los políticos vendieron la bonificación como una mejora social para el sector y ahora no hacen nada por subsanarlo”.
A esta bonificación se acogen la mayoría de las empresas que realizan actividad en Melilla, y no sería de resaltar si no fuera porque, desde noviembre de 2021, la empresa de seguridad viene firmando unos contratos con la Ciudad en cuyos pliegos de prescripciones técnicas se refleja literalmente que “la empresa adjudicataria, en tanto estén vigentes las bonificaciones de cotizaciones sociales indicadas y las aplique, deberá incluir y abonar el complemento retributivo indicado a todos sus trabajadores, en las cantidades detalladas en este”. Tras una consulta efectuada por el SIM ante la Dirección General de Seguridad de la Ciudad Autónoma,poniendo sobre aviso de que Sureste está incumpliendo el abono a los trabajadores del 8% del salario base en concepto de bonificación a la Seguridad Social (unos 80 euros al mes), la Ciudad, según el sindicato, "se ha limitado a trasladar el aviso a Sureste, que se ha descolgado esgrimiendo una sentencia que nada tiene que ver con la situación actual, pero que ha servido a la Ciudad para dar carpetazo al asunto,y encomendar al SIM a que presente una sentencia judicial que les obligue a ejecutar ese cumplimiento".
El secretario técnico de Hacienda, Empleo y Comercio concluye informando que, “si la contratista no estaba representada en dicho acuerdo, no procede que aplique la citada bonificación, por lo que no estaría obligada a lo establecido en la citada prescripción 6ª . 2, que afecta únicamente a aquellas empresas que sí hubieran estado representadas en la suscripción del citado acuerdo”.
Desde el SIM entienden que las explicaciones dadas por la mercantil son irrisorias, porque aluden a una sentencia de una operaria de limpieza que exigió en su día el pago de la bonificación y la justicia se lo denegó alegando que su empresa no estaba representada en la negociación, y con eso Sureste ha despachado el asunto que los técnicos de la Ciudad han aceptado.
Lo que se le escapa a los técnicos de la Ciudad, cree el SIM, es que, en el caso de la limpiadora, no había contrato firmado alguno con la Ciudad Autónoma que obligara al cumplimiento del abono de la bonificación. Además, si ese abono fuera ilegal por no estar contemplado en convenio, la empresa adjudicataria debería haber impugnado el pliego de prescripciones técnicas en tiempo y forma antes de hacer oferta alguna y de firmar un contrato en el que se comprometen a cumplir todos sus términos, entre los quese incluye el pago de dicha bonificación a los trabajadores. Y, tras esta respuesta, el SIM se pregunta: ¿Para qué incluyen una cláusula que no tiene efecto alguno porque ninguna empresa de seguridad está representada por la CEME? Y es por ello por lo que pide que se depuren responsabilidades ante el error cometido, además de recordar que el asunto está judicializado.
Además del incumplimiento mencionado, el SIM anota que Sureste se ha ahorrado también unos 90.000 euros al no impartir las 50 horas de formación que tenía firmadas como mejoras en el contrato de urgencias que comprendía los meses de noviembre de 2021 hasta marzo de 2022, aspecto este que fue denunciado por el sindicato y del que a fecha de hoy no ha recibido respuesta alguna de la Ciudad a pesar de que este contrato ya ha finalizado.
Por otro lado, el SIM denuncia que se está abonando desde el Gobierno local un servicio que debería ser una mejora que pone la empresa, como es el caso del “vehículo itinerante”, consistente en cinco vigilantes con un vehículo repartidos en 24 horas, que debería sufragar la empresa al ponerlo como mejora, pero que está siendo incluido como servicio ordinario y facturado a la Ciudad en lugar de ser abonado por Sureste, lo que implica el ahorro de cinco nóminas diarias desde hace 11 meses, que traducido en dinero son aproximadamente 66.000 euros. "La suma total aproximada de lo que Sureste Seguridad se está embolsando por incumplimientos, presuntamente permitidos por la CAM, es de unos 300.000 euros, que cuestan a las arcas de la Ciudad y no repercuten en ella, ya que es dinero no abonado a ciudadanos melillenses, lo que es una “lamentable dejadez por parte de la Administración”.
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