El Real Decreto regula la asistencia de las embarazadas marroquíes

El Ingesa, además, dará cobertura médica a los extranjeros no comunitarios en urgencias en los casos de haber sufrido un accidente o por una enfermedad grave · Parados y enfermos crónicos no pagarán sus fármacos.

El Ingesa garantizará la asistencia sanitaria a las mujeres marroquíes que lleguen a Melilla estando embarazadas, durante el parto o tras dar a luz.  El Boletín Oficial de Estado publicó ayer el Real Decreto aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros en el que se describe en qué casos dar asistencia sanitaria a los extranjeros no comunitarios que no estén regularizados como residentes en España. Así, sólo serán atendidos en urgenicas por enfermedad grave o accidente y durante el embarazo, parto y postparto, aunque los menores de 18 años recibirán una cobertura médica igual a la de un niño español.
En esta nueva norma se establece también el aumento del pago por medicamentos a partir del 1 de julio, además de que los usuarios tendrán que abonar  parte de las prótesis, los productos dietéticos y el transporte sanitario no urgente.

Asistencia a extranjeros

El decreto regula la asistencia sanitaria a los extranjeros, tanto si se trata de ciudadanos de la Unión Europea como de los extracomunitarios. En este último caso, los que no estén regularizados como residentes en España sólo serán atendidos en urgencias.
Además, se indica que los inmigrantes en situación irregular dejarán de percibir asistencia sanitaria gratuita el 1 de septiembre, salvo en casos de urgencia.
Para ello, se modificará la Ley de Extranjería y se exigirá a los extranjeros los mismos requisitos que para los nacionales a la hora de recibir asistencia sanitaria: Deberán estar afiliados a la Seguridad Social y pagar sus impuestos en España.

Turismo sanitario

La norma incluye el control del denominado ‘turismo sanitario’, mediante la adaptación de una normativa europea que subsanará un error por el que, según desveló un informe del Tribunal de Cuentas, se dejó de facturar a su país de origen la atención de unos 700.000 ciudadanos europeos, lo que ocasionó un gasto anual de 917 millones de euros.
Los ciudadanos empezarán a pagar más por los medicamentos a partir del próximo 1 de julio, según establece el Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. El texto, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros,  persigue el objetivo de ahorrar 7.000 millones de euros en Sanidad.
La aportación del ciudadano en los fármacos será proporcional a su renta y ésta se actualizará como máximo anualmente.
Los usuarios con un nivel renta por encima de 18.000 euros pagarán el 50% de los medicamentos, mientras que los que estén por debajo de esa cantidad seguirán abonando el 40% actual y aquellos cuya renta sea superior a 100.000 euros pagarán el 60%.
Los pensionistas con renta inferior a 18.000 euros pagarán el 10%, siendo el máximo que tendrán que abonar de ocho euros mensuales; los que perciban más de esa renta aportarán un máximo de 18 euros al mes y los que reciban más de 100.000 euros tendrán un límite de 60 euros mensuales.
Cuando se superen estos topes, la diferencia será reintegrada por la comunidad autónoma en la que resida en un periodo máximo de seis meses.
Los medicamentos serán gratuitos para los afectados de una enfermedad cróncia y personas con discapacidad, los perceptores de rentas de integración social y de pensiones no contributivas, además de los parados de larga duración que no perciban prestación.
Tampoco pagarán las medicinas aquellas personas que sigan un tratamiento derivado de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional.
La aportación de los funcionarios, los militares y el personal al servicio de la administración de justicia será del 30%.
Asimismo, quedarán excluidos de la financiación pública algunos medicamentos como los que están indicados “en el tratamiento de síntomas menores”, aquellos que estén por debajo de un precio determinado y los que compartan principio activo con otro fármaco que se venda sin receta.
Para aplicar este ‘copago’, las recetas se adaptarán a los nuevos porcentajes de participación mediante unos códigos que figurarán impresos en la parte superior derecha de las mismas.

Servicios accesorios

Según esta normativa, los usuarios de la Sanidad pública tendrán que pagar parte de las prótesis, los productos dietéticos e incluso el transporte sanitario no urgente, ya que se considera estos productos y actividades como “servicios accesorios” sujetos a aportación.
El porcentaje de pago del usuario sobre estos servicios se hará en función de la renta al igual que ocurre en los medicamentos, aunque no se establece ningún límite para esta aportación.
Entre los servicios comunes, no se incluirán aquellas técnicas, tecnologías y procedimientos que no tengan suficientemente probada su “contribución eficaz a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y curación de las enfermedades, conservación o mejora de la esperanza de vida, autonomía y eliminación o disminución del dolor y el sufrimiento

Desde el Gobierno central se pide “un pequeño esfuerzo”

El director del Ingesa, José Julián Díaz Melguizo, aseguró que desde el Gobierno central se pide “un pequeño esfuerzo” a los ciudadanos.
Así, recordó que el copago de medicamentos existe desde hace 30 años, cuando se realizó la última reforma de la Sanidad en España. Aunque sí reconoció que ha establecido que colectivos como los pensionistas aporten parte del coste de los fármacos que consumen. Sin embargo, resaltó que se ha puesto un límite en de ocho euros para los pensionista que tienen una renta inferior a 18.000 euros y de 18 euros para los que superan estos ingresos. Además, informó de que hay otros colectivos que no pagarán nada como las personas que reciben rentas no contributivas, los parados de larga duranción o los pacientes con enfermedades crónicas.
El resto de los ciudananos aportará un 60% del coste de los fármacos y el mecanismo para realizar este cobro será “fácil y sencillo”, según indicó Díaz Melguizo.

“Que se facture la asistencia”

Otra de las medidas de este Real Decreto señalada por el director del Ingesa, José Julián Díaz Melguizo, fue la intención del Gobierno central de evitar que se produzca el llamado ‘turismo sanitario’. En este sentido, destacó que se trata de un tema que no afecta a Melilla y Ceuta, pero que la idea es que se pueda llegar a facturar a los extranjeros los servicios sanitarios que reciben en España de forma gratuita. Para ello, se exigirá a estas personas que estén afiliados a la Seguridad Social y paguen sus impuestos en sus países. También se realizará una adaptación de una normativa europea, que subsanará un error por el que se dejó de facturar a estos ciudadanos.