El macroproceso

Ayer no fue un día clarificador para el cepemista en prisión preventiva Abderrahim Sellam. El juez le tomó declaración pero no dictó ninguna medida concreta sino que lo mantuvo en el mismo estado en el que se encuentra desde que fue trasladado a Madrid. Al parecer, el juez competente que le imputa en un feo procedimiento por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, según fuentes de la investigación consultadas -entre otros, por la agencia oficial Efe-, tenía ayer guardia, por lo que debía atender numerosos asuntos.
Teniendo en cuenta la condición de diputado en la Asamblea de Melilla, es decir de cargo público de Sellam, cuya exposición pública tras una imputación de tal calibre, que en principio deriva en prisión preventiva, es mucho mayor que la de cualquier particular ‘anónimo’, resulta poco casable con un Estado de Derecho y supuestamente garantista de derechos fundamentales, como creo que es el nuestro, que aún no se haya tomado respecto de su caso una decisión judicial inicial digamos en firme.
Creo en la validez de la presunción de inocencia y en el derecho a la defensa de todo acusado y no necesito que se me amenace con denuncias por lo que ando escribiendo respecto de la situación de Sellam, para reiterar lo que vengo diciendo desde el pasado jueves, cuando por primera vez escribí de este asunto y apelé a la presunción de inocencia que también asiste al detenido. Una presunción que no puede menoscabarse ni un ápice por su condición de cargo público, diputado de nuestra Asamblea local o de político sencilla y llanamente.
Por otra parte, el día sí resultó más clarificador, si se puede decir así, en lo relativo al otro affaire de tono ‘político-judicial’, relativo a la presunta manipulación del voto en las elecciones generales del pasado 2008.
El juez competente en la causa dictó el auto esperado tras la reconsideración de sus citaciones iniciales como imputados de un total de 27 personas, dirigentes y simpatizantes de CpM y PSOE, entre los que se encuentran los máximos líderes de ambos partidos, Mustafa Aberchán y Dionisio Muñoz, respectivamente.
El auto es demoledor. A Muñoz y Aberchán le imputa varios tipos de delitos electorales, así como un presunto delito de falsedad y da traslado además al Fiscal de la posible comisión por parte de ambos de un presunto delito de obstrucción a la Justicia.
A los 27 que decide citar a declarar, entre los días 8 y 11 de marzo, les imputa en todos los casos un presunto delito electoral continuado, pero como digo imputa varios delitos electorales más a los máximos dirigentes de cepemistas y socialistas en Melilla, y alguno más también, en el orden de la legislación electoral, a Celia Sarompas y el hoy secretario general de la UGT, Alonso Díaz.
Se trata de un macroproceso que ya apunta a derivaciones peligrosas, porque para CpM y sus voces afines de la Comisión Islámica es un “atropello político judicial”, no ya sólo orquestado por el PP melillense, como sostiene también el PSOE, sino un grave atentado contra los derechos cívicos de los musulmanes melillenses que, según la CIM, ya no se sentirán libres para votar.
Muy peligrosa esta derivación y muy peligrosas esas valoraciones para una ciudad como la nuestra que ha avanzado mucho en su eclecticismo igualitario de comunidades y confesiones de orígenes culturales distintos, y que ahora no debería fraccionarse por un proceso  en el que, repito, debemos dejar actuar a la Justicia si realmente, como todos dicen, se cree en ella, aunque la CIM ya dijo ayer abiertamente lo que el PSOE y CpM han venido dando a entender en esta semana, es decir: que en la Justicia melillense no creen porque también la consideran dominada por el presidente Imbroda, por el PP local, el ‘Imbrodismo’ o el ‘Imbroda system’ como vino a decir ayer la CIM.
En mi opinión, la Justicia en España, y esto es España, reúne recursos suficientes para hacer valer la defensa de todo acusado, tal cual son los imputados en presuntos delitos penales.
Estamos ante un proceso judicial complicado, que en verdad creo exige valor y empeño a la autoridad judicial para enfrentarlo, pero que al fin y al cabo forma parte del trabajo que día a día asumen nuestros jurisprudentes.
Dejemos actuar a la Justicia y apostemos por el sosiego porque esta campaña puede ser peor, mucho peor si me apuran que aquella otra tan tormentosa del 99, en la que la incursión del GIL acabó por desatar aún más las contradicciones de una realidad política surgida del transfuguismo y las mociones de censura.