El Juzgado tiene la última palabra

El Partido Popular ha cumplido. La promesa que realizó el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, cuando anunció que iban a presentar una querella en el Juzgado contra el director provincial del Ministerio de Educación por la escolarización de varios centenares de niños marroquíes que no estaban empadronados en Melilla ya se encuentra en el Juzgado. Así lo ha anunciado el secretario general de los populares melillenses, Miguel Marín.

Cuando se produjo todo el escándalo, en un anterior artículo, animé a que el Partido Popular llevara este asunto a los Juzgados porque es el único lugar donde, de verdad, se pueden dirimir todas las decisiones que se han tomado. Es un Juzgado el que debe establecer si es la Dirección Provincial la que tiene la razón en cuanto a que es posible escolarizar a un niño en Melilla presentando simplemente un contrato de una vivienda o un recibo de la luz o, por si el contrario, tal y como mantiene el Partido Popular y también el Gobierno melillense, que la obligatoriedad pasa por estar inscritos en el padrón municipal, como sucede en cualquier lugar de nuestro país.

Desde mi modesto punto de vista, entiendo que la ley es igual para todos los españoles y que nadie puede decir que es vecino de una ciudad si no está inscrito en el padrón de habitantes del Ayuntamiento correspondiente. Además, tal y como se ha mencionado, en varias ocasiones, en la misma instrucción del propio Ministerio, del mes de febrero, ya se habla igualmente de la obligatoriedad de estar inscrito en el mencionado padrón.

Pero vuelvo a repetir que se va a dirimir en un Juzgado una diferencia política porque en el fondo de lo que se trata es de una disputa política entre populares y socialistas. La prueba la tenemos en que el propio Miguel Marín, como secretario general del Partido Popular, ha dicho que el autor de la decisión ha sido el director provincial del Ministerio de Educación, pero que las autoras intelectuales son la delegada del Gobierno y la secretaria general de los socialistas.

Sin embargo, es una medida que, de alguna manera, es preocupante en una ciudad como Melilla, al igual que lo debe ser en una ciudad como Ceuta, por las propias especificidades de estos territorios y de las poblaciones que existen en Marruecos. Porque es verdad que una cosa es venir a trabajar a una de estas dos ciudades, luego quedarse de manera ilegal en la misma y terminar escolarizando a los niños porque así lo establece nuestra legislación de manera que ningún niño que se encuentre en nuestro país debe recibir la educación.

Además tiene razón el mismo Miguel Marín cuando señala que será, en el procedimiento que se abra en el Juzgado al que le toque en el reparto la admisión de esta demanda, cuando existirá la oportunidad de conocer realmente cuántos han sido los niños a los que se les ha matriculado en los distintos colegios de Melilla.

Imaginemos qué puede suceder si dentro de unos meses un Juzgado decide que la decisión de la Dirección Provincial no es acorde a la legislación. ¿Qué hacemos entonces con los niños?