El Juzgado número 5 de Melilla finaliza la instrucción del caso del ‘voto por correo’

En el auto, el juez mantiene la mayoría de los presuntos delitos que pesan sobre los principales imputados en el proceso.

El Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 5 de Melilla ha finalizado la investigación sobre el caso de la trama del voto por correo en las elecciones generales de 2008. Su titular, Miguel Ángel García Gutiérrez, ha dictado el auto de transformación en procedimiento abreviado, en el que mantiene los principales presuntos delitos que pesan sobre la mayoría de los acusados en este proceso. Este documento pone fin a la investigación y contra él cabe recurso.
Una vez que este auto sea firme, las partes tendrán un plazo de 10 días para presentar sus respectivos escritos de calificación y tipificación penal de los hechos que el juez instructor ha considerado acreditados y constitutivos de presuntos delitos. En este documento, la acusación establecerá las penas que solicita para cada imputado en función de los presuntos delitos de los que se le responsabilice.
Una vez que se den estos pasos, el juez podrá abrir el proceso para la celebración del juicio oral a través del auto correspondiente y los hasta ahora imputados pasarán a ser acusados.
En este sentido, cabe recordar que son 31 los imputados en este proceso. Los más relevantes son el presidente de Coalición por Melilla (CpM), Mustafa Aberchán, y el ex dirigente del PSOE, Dionisio Muñoz, quienes supuestamente en 2008 establecieron una alianza política a través de la que ofrecieron a desempleados un puesto de trabajo en los Planes de Empleo a cambio de votar su candidatura conjunta. El jefe de Correos, Juan José Redondo, el ex delegado del Gobierno socialista, Gregorio Escobar, el director territorial del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), Joaquín Arana, y la dirigente socialista responsable de la Unidad de Promoción y Desarrollo (UPD), Ana Mansilla y los cepemistas Hassan Mohatar y Abdelrrahim Sellam son otros de los imputados más conocidos en la presunta trama del voto por correo.

Piezas separadas
En los últimos meses, todos ellos han pasado por la sede judicial melillense para prestar declaración. En el transcurso de la investigación, el juez instructor inició piezas de la investigación separadas para algunos imputados, de las que algunas se han sobreseído y otras continúan su curso.
El pasado mes de diciembre, el juez instructor amplió las acusaciones y número de imputados en el  proceso. De 27 imputados, la cifra aumentó a 31 por presuntos delitos electorales, de falsedad y contra la Administración Pública, así como de otros delitos contra la intimidad, la Administración de Justicia y contra la Constitución.
En los diferentes autos del juez instructor apunta a Aberchán y a Muñoz como posibles autores intelectuales de la trama con el fin de obtener un mayor número de votos a favor de su candidatura en los comicios de marzo de 2008. “Para llevar a cabo dicho entramado” fue necesaria “la realización de ciertas ilegalidades que se tuvieron que llevar a cabo en las oficinas de Correos de Melilla, bajo la inducción de los dos líderes políticos”.
En la investigación se tomó la declaración de más de 600 personas que habían votado por correo en esas elecciones. En este sentido, el instructor considera que existen claros indicios de que se desvió documentación electoral de manera ilegal, pues estos electores consideraron que con la mera solicitud del voto por correo ya habían terminado de tramitar su derecho al sufragio postal pero que, sin embargo, constan oficialmente como votantes que ejercieron de manera efectiva su voto por correo.
Igualmente, el juez consideró que hay indicios de que se actuó en función de una lista de personas “confeccionada al efecto”. Los testimonios del personal de Correos constataron, para el instructor, que personas ajenas al organismo accedieron a “lugares no permitidos” de los departamentos de cartería y servicio de entrega postal y que se vio en varias ocasiones al responsable provincial de Correos entregar documentación electoral “a personas vinculadas con la formación política de CpM” e identificadas por algunos testigos como Abderrahim Sellam y Hassan Mohatar.
Sobre el responsable provincial de Correos y los jefes de equipo de cartería, Mª Ángeles Jiménez y Rafael Rodríguez Ríos, pesan presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos y de tráfico de influencias. Todos ellos comparecieron ante el juez instructor en enero del pasado 2012 y en abril lo hizo el ex director territorial del SPEE, Joaquín Arana, acusado de presuntos delitos de falsedad documental y obstrucción a la justicia. También lo hizo la ex directora de la UPD, Ana Mansilla.

La fase final de la trama

En uno de los últimos autos emitidos por el juez instructor en los que se imputó a Arana y Mansilla, su presunta participación tuvo lugar en la fase final de la trama, cuando se comenzaron a gestionar la inclusión en los Planes de Empleo extraordinarios de Delegación a aquellas personas a las que habían prometido un trabajo a cambio de su voto. Esta fasecomenzó con la solicitud  por los cauces legales de la suvención correspondiente para la adjudicación económica necesaria para llevar a cabo los planes de empleo, debiendo tanto Muñoz como Aberchán “influir” sobre el delegado del Gobierno en aquel entonces, Gregorio Escobar. Para la contratación directa, supuestamente bastó con que desde el SPEE, dirigo por Arana, se propusiera como seleccionados a las personas que iban a cubrir los grupos de exclusión social correspondientes, sin perjuicio de las propuestas que se hicieran desde otros organismos. Una vez preseleccionados los trabajadores era misión de Mansilla comprobar que dichas personas cumplían los requisitos exigidos para cada uno de los puestos de trabajo que iban a ocupar, evidenciándose “una clarailegalidad en estos hechos”, al hacerse comprobado cómo existieron multitud de contrataciones de personas que incumplían claramente los requisitos.