El Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid remitió ayer escrito a la Ciudad Autónoma, para informar formalmente a la Asamblea de Melilla de la situación de uno de sus diputados: el cepemista Abderrahim Sellam, detenido el pasado día 18 y en prisión preventiva desde días después, bajo la imputación inicial, según trascendió inicialmente, de un delito de blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico.
Tras recibirse ayer la información del juzgado competente en la causa, se supo que Sellam, además, está imputado también en un delito de asociación ilícita para el tráfico de estupefacientes.
El secretario del Juzgado nº 32 de Madrid señala, en su oficio a la Ciudad Autónoma, que el diputado local por CpM “se encuentra preso” a causa de dichas imputaciones, aun sin perjuicio de la presunción de inocencia que le asiste “hasta que recaiga sentencia firme condenatoria”.
El oficio del Juzgado no deja lugar a dudas sobre la situación de Sellam, a pesar de los desmentidos continuos de su partido, CpM, y las amenazas de querellas varias contra los medios que, como ‘El Faro’, informaron de su ingreso en prisión preventiva en la madrileña cárcel de Soto del Real.
Mesa de la Asamblea
La pasividad de CpM ante la situación de su diputado, al que respalda ciegamente y respecto del que reafirma su total inocencia, llevó a la Mesa de la Asamblea de Melilla a solicitar información oficial sobre el estatus de Sellam, privado de libertad desde el pasado 18 de enero.
Una vez recibido el oficio judicial, la Mesa se reunirá, posiblemente mañana jueves, para proceder a aplicar el Reglamento, que impone la privación de los derechos y deberes de los diputados que ingresan en prisión. Por tal motivo, la Mesa dará de baja a Sellam en cuantas comisiones informativas y sociedades públicas esté inscrito como representante de CpM, en concreto en las de Hacienda y Cuentas, e instará a su grupo político a que nombre a un sustituto.
Además de diputado local, Sellam ejercía como representante de la Delegación del Gobierno en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, cargo del que fue cesado fulminantemente nada más conocerse su detención por el organismo estatal Puertos del Estado.
La Delegación del Gobierno no ha nombrado aún a ningún otro representante suyo en el ente portuario.
Acta personal e intransferible
El estatus actual de Sellam, en prisión preventiva, no permite desproveerlo de su acta de diputado, que es personal e intransferible y que sólo se pierde, según el Reglamento de la Asamblea, en concordancia con la Ley Electoral vigente, “por decisión judicial firme que anule la elección o la proclamación de diputado de la Asamblea”; “por fallecimiento o incapacidad, declarada ésta por resolución judicial firme”; “por condena a pena de inhabilitación absoluta o especial para cargo público, dispuesta por sentencia condenatoria firme, si la extensión de aquélla superase el periodo que falte para concluir el mandato”; “por extinción del mandato, sin perjuicio de la continuación en funciones y para el despacho ordinario de los asuntos hasta la constitución de la nueva Asamblea”; y, por último, “por renuncia del propio diputado, que se formulará ante la Mesa de la Asamblea”.
Cargos y acusaciones
Sellam, tal cual trascendió tras su detención, está acusado de blanquear presuntamente unos 4 millones de euros del narcotraficante holandés de origen marroquí Ahmed Chelhi, huido de la Justicia desde 2008 gracias, según la investigación policial ad hoc, a un "soplo" del propio Sellam.
Además, fuentes de Efe Madrid señalaron que, según las investigaciones policiales, Sellam blanqueó presuntamente parte del dinero del 'narco' por medio de diversas inversiones inmobiliarias en las que el diputado aparecía como testaferro. “En concreto el diputado de CPM compró ocho inmuebles -siete en Melilla y uno en Granada- por un valor aproximado de 1,4 millones de euros, a través de la empresa Senitor Melilla S.L, de la que es administrador único”.
La detención del diputado tiene su origen en una investigación más amplia iniciada por la Fiscalía Especial Antidroga y seguida por el juzgado de instrucción número 32 de Madrid que culminó en enero pasado con el arresto de 25 personas y el desmantelamiento del mayor laboratorio de cocaína conocido hasta entonces en Europa.
Todos los extremos anteriores fueron negados por la defensa de Sellam, que sin rebatirlos públicamente optó por anunciar acciones legales contra este Diario
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