El juez solicita a Aberchán, Muñoz y Escobar fianzas de más de 636.000€

Al resto de los acusados en el ‘Caso del Voto por Correo’ les exige cantidades entre 3.240 euros y 129.600 euros. El magistrado les da de plazo diez días para abonar las fianzas.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Melilla, dictó el pasado lunes el auto de apertura del juicio oral del ‘Caso del Voto por Correo’. En el documento, conocido ayer y firmado por el magistrado Miguel Ángel García Gutiérrez, se reflejan las peticiones de pena para la treintena de imputados en el caso, en su mayor parte miembros del PSOE y de Coalición por Melilla. Además el juez exige para cada uno de ellos el depósito en efectivo de ciertas cantidades de dinero en concepto de responsabilidad civil y multa. Las peticiones más elevadas son las realizadas a los supuestos autores intelectuales de la trama de compra de votos a cambio de un puesto en los Planes de Empleo, llevada a cabo en las elecciones generales de 2008: Dionisio Muñoz, entonces secretario general del PSOE local, y Mustafa Aberchán, presidente de CpM. Para cada uno de ellos, el juez les exige 636.568,70 euros en concepto de responsabilidad civil y en concepto de multa 144.000 euros.
La misma cantidad de responsabilidad civil deberán abonar los imputados Gregorio Escobar, actual secretario general del PSOE y ex delegado del Gobierno, y los socialistas Ana Mansilla y Joaquín Arana. Para ellos, la fianza en concepto de multa es de 43.200 euros.
El resto de los imputados, una treintena, deberán abonar cantidades que oscila entre los 3.240 euros de fianza que se exige a Nordin Abdel-Lah, uno de los principales testigos que reconoció la existencia de la trama, hasta los 129.600 euros que el magistrado le pide al responsable de Correos, Juan José Redondo. Otras de las peticiones más destacables de fianza en concepto de multa son las del ex secretario general de Juventudes Socialistas, Amin Azmani, (100.800 euros) y la del ex diputado de Coalición por Melilla, Abderrahem Sellam (72.000 euros).

10 días de plazo
El juez García Gutiérrez establece un plazo de 10 días para que los imputados abonen las fianzas requeridas “para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva pudieran imponérsele”. De lo contrario, precisa el juez, “se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada”.
Por otra parte, el juez declara competente a la Audiencia Provincial para celebrar el juicio, dado que las penas de cárcel solicitadas por la acusación del Partido Popular y la Fiscalía superan los cinco años.
En los próximos tres días los abogados de la defensa de la treintena de acusados en el ‘Caso del Voto por Correo’ podrán solicitar todo el sumario, si no lo tienen ya, con el fin de elaborar los respectivos escritos de defensa. Para entregar este documento, el juez establece el plazo de un mes “dado el volumen de la causa”.
El juez explica que el auto de apertura de juicio oral del ‘Caso del Voto por Correo’ no se puede recurrir “excepto en lo relativo a la situación personal del acusado, en que cabe recurso de reforma” en el plazo de tres días.
Cabe señalar que si bien a los supuestos cabecillas de la trama se les exige las cantidades de responsabilidad civil y multa más altas, las más bajas se corresponden a los dos acusados para los que la acusación y la Fiscalía solicita el atenuante de confesión de los hechos, los ex socialistas Nordin Abdel-Lah e Ikram Aanan, quienes tendrán que abonar fianzas de 3.240 y 4.320 euros, respectivamente, en las mismas condiciones que el resto de los acusados.

El escrito de la Fiscalía y el testigo que se quiso retractar

En el ecuador de la campaña electoral, el candidato del PP, Juan José Imbroda, dio a conocer el escrito de calificación de la Fiscalía en el conocido ‘Caso del Voto por Correo’. Dos días después el principal testigo del caso, Nordin Abdel-Lah, envió un escrito al juzgado en el que dijo haber recibido presiones por parte del PP y de la Guardia Civil cuando quiso retirar su acusación y decir que no era cierto.
En total, la fiscal solicita para la treintena de acusados, miembros de Coalición por Melilla y el PSOE, un total de 231 años de prisión por los diferentes delitos de los que se les hace responsables, esto es, delitos electorales, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, asociación ilícita, descubrimiento y revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos y falsedad documental. Además de las penas de prisión, la fiscal solicita un total de 272 años de inhabilitación.
Para cada uno de los líderes políticos, considerados como los autores intelectuales de la trama, esto es, Dionisio Muñoz y Mustafa Aberchán, la Fiscalía pide 27 años de prisión y 50 de inhabilitación por un total de siete delitos, tres de ellos delitos electorales, prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad y asociación ilícita. También solicita multas cercanas a los 60.000 euros para cada uno de ellos.
Para el resto de acusados, las penas solicitadas van desde 5,5 años de cárcel a 27. Además de las de Aberchán y Muñoz, las penas más altas pedidas son los 12,5 años para el ex secretario general de Juventudes, Amin Azmani, 12 para el director provincial de Correos, Juan José Redondo, y 10,5 años de prisión para el ex diputado de Coalición por Melilla, Abderrahim Sel-Lam.
Entre los 17 imputados del PSOE está el actual secretario general, Gregorio Escobar, quien fue también delegado del Gobierno. Para él, el Ministerio Público pide una pena de 9 años de prisión por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y asociación ilícita. Los mismos para los que estuvieron con él en la Delegación, Ana Mansilla y Joaquín Arana.
La investigación del ‘Caso del Voto por Correo’ se inició en marzo de 2008 tras la denuncia del envío masivo de cartas “falsas” de preselección para los planes de empleo de ese año. Las pesquisas constataron una trama en la que presuntamente sus miembros prometían un puesto de trabajo a cambio de que los beneficiarios votaran por correo a la candidatura de CpM y PSOE, según la fiscal.