El juez reitera la imputación a Aberchan y Muchoz por presuntos delitos electorales

También les imputa un presunto delito de falsedad y vuelve a citar como imputados al total de las 27 personas inicialmente consideradas como tales.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla reiteró ayer la imputación de los líderes de CpM y PSOE, Mustafa Aberchán y Dionisio Muñoz, respectivamente, en presuntamente, varios tipos de delitos electorales de los previstos en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. El juez los imputa, en concreto, en una supuesta compra de votos durante los comicios generales de 2008 que basa, entre otros, en una investigación de la Policía Judicial que, precisamente, el pasado martes realizó un nuevo informe al respecto.

Nuevo auto

Tras la suspensión de la toma de declaraciones, prevista para toda esta semana, a fin de garantizar el derecho de defensa de los imputados, el juez emitió ayer un nuevo auto, al que tuvo acceso este periódico. En el mismo se realiza una imputación individualizada, se concretan los delitos de los que se acusa a cada imputado y se establecen las nuevas fechas de citación, que se fijan para los días 8, 9, 10 y 11 de marzo próximo.
De las declaraciones tomadas por el juez el pasado lunes, el magistrado sólo mantiene como válida la de la exdirigente de Juventudes Socialistas, Ikran Aanan, que prestó testimonio durante cuatro horas y media, sin objeciones ni alegaciones como las realizadas por los dirigentes y militantes del PSOE, peticionarios desde un principio de la suspensión de su toma de declaración, alegando premura en la citación y desconocimiento de la imputación que se les formulaba, por lo que, en el caso de seis de ellos, optaron inicialmente a su derecho a no declarar.

Total de imputados

En total son 27 los imputados por un delito electoral continuado, aunque a Mustafa Aberchán y Muñoz también se les imputan otros tipos de delitos electorales, como ocurre, en menor medida, con la diputada local por el PSOE Celia Sarompas y el exvicesecretario general del PSME-PSOE y secretario general actual de la UGT en Melilla, Alonso Díaz.
Además a Dionisio Muñoz, Mustafa Aberchán, el diputado local y secretario general de Juventudes Socialistas, Amin Azmani, el secretario de Organización de la misma organización juvenil del PSOE, Sergio Martínez, y la adjunta de éste, Eman Mohamed, también se les imputa un presunto delito de falsedad de los previstos en el Código Penal.
Igualmente figuran en la lista, aunque como imputados en un presunto delito electoral continuado, la directora del CETI y secretaria del Área de Bienestar Social de la ejecutiva del PSOE, Rabea Aomar, y los secretarios del Área de Educación, Movimientos Sociales y Transportes de la ejecutiva provincial socialista, Rafael Robles, Nora Hamad y Gabriel Jiménez, respectivamente.
Del mismo modo aparecen como imputados el dirigente de la ejecutiva regional del PSOE, Yeray Díaz, la exdirigente de Juventudes, Ikram Aanan, familiares directos de Mustafa Aberchán como su mujer, dos hijas y una hermana, una empleada de CpM y simpatizantes y coordinadores de barrio de este partido y militantes o simpatizantes del PSOE local.
También se incluye como imputado al exempleado del PSOE, autoinculpado en el procedimiento y según el PSOE “cooperador del PP” para “acosar” a cepemistas y socialistas, Nordin Abdel-lah, al que el juez opta por citar nuevamente para practicarle una declaración “en contradicción” el próximo 1 de febrero.

Obstrucción a la Justicia

Además, el juez analiza en su auto la posible comisión de un delito de obstrucción a la Justicia por parte de Dionisio Muñoz, de Mustafa Aberchán y del abogado de CpM, así como un posible delito de falso testimonio por parte de Aomar Hamed Musa, por lo que da traslado de ello al Ministerio Fiscal para que se pronuncie sobre la apertura o no de diligencias “por tales delitos”.

Comunicación a la Abogacía del Estado

Por otra parte, el juez acuerda dar traslado del procedimiento a la Abogacía del Estado para que, si lo estima oportuno, se persone en la causa, en la medida que haya podido existir un “supuesto incumplimiento de los trámites establecidos para el voto por correspondencia en las Generales de 2008” y una “supuesta atribución de puestos de trabajo con alteración de los criterios establecidos” en la contratación de beneficiarios de los Planes de Empleo que gestiona la Delegación de Gobierno a través de la Unidad de Programas y Desarrollo que dirige la diputada y dirigente socialista en Melilla, Ana Mansilla.

Nada contra Rosa López

En cambio, desestima el juez la advertencia realizada por la procuradora del PP para que las declaraciones realizadas por la portavoz del Comité Electoral del Partido Socialista, Rosa López Ochoa, el pasado viernes, tras conocerse las imputaciones iniciales a dirigentes de PSOE y CpM, se estudien por si pudieran constituir un ilícito penal. Extremo que el magistrado rechaza “en este momento” sin perjuicio de las acciones que contra ella pudiera ejercer la acusación que ejerce el Partido Popular en la misma causa.
En sus declaraciones, Ochoa dijo del procedimento judicial que “se trata de una maniobra más en la campaña de acoso y destrucción sistemática que viene desarrollando el PP en la ciudad de Melilla, con su política de ‘tierra quemada’ contra todo lo que huele a oposición”, y aseguró que “el procedimiento judicial iniciado a instancias del Partido Popular tiene reservadas sorpresas para todos, incluido el primer edil, Juan José Imbroda; el vicepresidente, Miguel Marín, así como para otros miembros del Gobierno del PP”. Sorpresas, agregó “que se irán dando a conocer con el paulatino desarrollo de la tramitación procesal”.

Origen

En su auto, el juez vuelve a recordar que el origen del procedimiento se remonta a unas diligencias previas abiertas en marzo de 2008 para investigar un supuesto delito electoral, ampliado posteriormente a un delito contra la Administración Pública.
El juez considera que la investigación realizada a raíz de este hecho ha puesto de manifiesto, indiciariamente, la existencia de un “entramado” conformado por diversas personas que han pretendido la “obtención ilegítima” de votos a favor de la coalición CpM-PSOE, incumpliendo los trámites establecidos para el voto por correo y que comprende distintas fases.
Estas fases van desde la solicitud del voto mediante “dádivas, promesas o remuneraciones directas”, consistente en la promesa o concesión de un puesto de trabajo en los Planes de Empleo dependientes de la Delegación del Gobierno; el incumplimiento de los trámites establecidos para el voto por correo mediante su “manipulación directa” o la remisión de cartas falsas como efecto llamada o en confirmación de las promesas realizadas.
Asimismo, el auto hace referencia a la “alteración o incumplimiento” de los criterios establecidos para la atribución de puestos de trabajo de los citados planes, con objeto de dar “preferencia” a las personas que votaron a CPM-PSOE o que prestaron servicios para dicha coalición. No obstante, advierte que esta fase aún está en investigación y que por ello, no se han realizado aún ninguna imputación a este respecto.
Por último, en el mismo auto, el juez determina también protección policial para la exdirigente socialista Ikram Aanan y el exempleado del PSOE, Nordin Abdel-lah, que han colaborado con el procedimiento y que han denunciado estar siendo objeto de amenazas.

CpM decide convocar una manifestación

Coalición por Melilla, tras una reunión ayer de su comité, integrado según Aberchán por cien hombres y cien mujeres, decidió movilizar a sus afiliados en protesta contra lo que considera “el mayor atropello judicial y policial” de la democracia en Melilla y en especial contra la comunidad de origen amazigh, “desde antes del año 85”.
Aberchán señaló que “sería inimaginable que se preguntará qué han votado a 800 melillenses no musulmanes” y dijo que este procedimiento echa por tierra “las conquistas del 85”, que sirvieron para reconocer los derechos cívicos y sociales de los musulmanes melillenses y crearon una situación jurídico-política “que nos hacía a todos más iguales”.
Para Aberchán, “se está atentando además contra el derecho a la libertad de voto, porque la Policía ha acudido a la casa de la gente a preguntarle a qué partido ha votado”.
Los cepemistas no han establecido aún el día de la manifestación, pero es posible que se lleve a cabo el próximo viernes.