El juez dicta sentencia sobre el obra del Universitario tras 16 meses paradas

Las obras del Hospital Universitario de Melilla volverán a reanudarse en breve, según anunció ayer a los medios de comunicación el delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, quien señaló que la justicia ya se ha pronunciado sobre el caso, lo que permitirá retomar los trabajos en breve. Así pues, se pone punto y final a uno de los principales culebrones políticos de Melilla después de que las obras hayan estado paralizadas durante dieciséis meses.
Fuentes del Ingesa explicaron ayer a El Faro en qué consiste la sentencia sobre este asunto. Recordaron que el Gobierno del PSOE aprobó el modificado antes de que se realizara el informe técnico del mismo y comenzó a sufragar parte de los ocho millones conforme se iban realizando las nuevas obras.
Ya con el PP en el Gobierno, una primera parte de ese modificado había sido ejecutado y pagado. Una segunda parte de la nueva obra estaba ejecutada, pero pendiente de pago. Y la tercera parte del modificado estaba pendiente tanto de ejecución como de pago.
En estas circunstancias, se daba la paradoja de que, al no existir informe técnico, los nuevos responsables del Ingesa se vieron obligados a rechazar el pago del pendiente de la segunda parte. No estaban amparados legalmente para abonar ninguna suma más porque el Gobierno del PSOE había dejado sin concluir los trámites del modificado.
Según fuentes del Ingesa, ahora la Justicia ha decidido que el actual Gobierno sufrague la cuantía de esta parte modificado que ya ha sido realizado y que aún estaba pendiente de pago. A partir de este punto, la constructora y el Ejecutivo central deberán sentarse a negociar la cantidad económica que fijan para el resto del proyecto.
En definitiva, la parte de la obra ya ejecutada deberá pagarse al precio acordado por el PSOE, mientras que para el resto se acordará un nuevo precio.
Hay que recordar que el proyecto se inició en los últimos compases del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Cuando el PSOE dejó el Gobierno central, el nuevo Ejecutivo del PP se encontró con un modificado sobre el proyecto original, que suponía un incremento cercano a los ocho millones de euros, el máximo permitido.
No existía ningún estudio técnico al respecto, por lo que la Administración del Estado examinó en qué consistía este cambio y concluyó que la cuantía era excesiva y que había que rebajarla. Se le planteó a la constructora y ésta rechazó tal posibilidad. Desde entonces, el asunto ha estado en manos de la Justicia.
El delegado del Gobierno adelantó ayer que ya existía esta resolución y que las tareas de construcción se retomarán en breve. Eso sí, no aclaró qué cuantía deberá abonar el Estado de los ocho millones de euros del modificado de la obra acordado por el PSOE antes de abandonar el Gobierno o si se producirá una rebaja económica. Fuentes del Ingesa aclararon que el Ejecutivo del PP deberá sufragar al precio pactado por el PSOE la parte del modificado ya ejecutada, mientras que para el resto se negociará un nuevo precio.
“Ya ha habido pronunciamiento. Estoy a la espera de que el director territorial del Ingesa me pase todos los datos al respecto”, señaló. “De forma resumida, el Juzgado insta a la empresa a retomar las obras, aunque es verdad que le da la razón a la constructora en parte del desacuerdo que existía entre ésta y el Ingesa”, apuntó. Asimismo, aclaró que había recibido esta información mediante un contacto telefónico y pidió a los medios de comunicación que se pusieran en contacto con el Ingesa para recabar más información al respecto.
Desde la Dirección Territorial de dicho organismo confirmaron a El Faro las declaraciones de El Barkani, aunque rehusaron realizar ningún comentario oficial sobre la decisión judicial, pues apuntaron que aún no tenían la sentencia en la mano.  Asimismo, indicaron que en los próximos días el director del Ingesa, Francisco Robles, ofrecerá una rueda de prensa para detallar este asunto.
Desde el Ingesa afirmaron el pasado mes de junio que dichas instalaciones podrían estar acabadas en el año 2016 si se resolvía pronto el desacuerdo entre la constructora y la administración del Estado, así que no sería descabellado que tal previsión se cumpliera.
Durante los dieciséis meses que ha estado parado el proyecto, el Gobierno local y la oposición, con el PSOE a la cabeza, han protagonizado un intenso debate político. Mientras que los primeros rechazaban pagar los ocho millones de euros del modificado por ser, a su juicio, una cifra demasiado elevada, los socialistas aseguraban que se trataba de una cuestión de voluntad política.