El juez deja libres a 6 detenidos de la ‘Operación Tosca’ que declararon ayer

Entre ellos está el director general, Gregorio Castillo, al que el juez le imputa un delito de prevaricación administrativa y la gerente de Promesa. Los restantes nueva arrestados pasan hoy a disposición judicial.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Melilla, Francisco Ramírez Peinado, dejó ayer en libertad con cargos a seis detenidos en la ‘Operación Tosca’ desarrollada el pasado martes por la Guardia Civil, tras tomarles declaración. Entre los arrestados en la operación, de un total de 15 sólo en Melilla, está el director general de Seguridad Ciudadana, Gregorio Castillo, la gerente de Promesa, Carolina Gorgé, un técnico de la sociedad pública y tres responsables de las empresas investigadas, Eulen e Himosa. Todos ellos pudieron anoche dormir en sus casas. A algunos de los arrestados, el juez le impuso la obligación de comparecer en los juzgados una vez al mes, como es el caso de Castillo. Fuentes de la defensa del director general explicaron a El Faro que recurrirán esta medida cautelar decidida por el juez, quien únicamente le imputa un delito de prevaricación administrativa.
Estas mismas fuentes dijeron a este diario estar “absolutamente convencidas” de la inocencia de Castillo y aseguraron que todo se debe a “un malentendido”. Sin embargo, estas fuentes no quisieron entrar en más detalles a la espera de que el juez Ramírez Peinado levante el secreto del sumario, algo que podría ocurrir próximamente. “Estamos convencidos de que el director general de Seguridad Ciudadana es ajeno a cualquier actividad ilegal. Creemos que los planteamientos de la investigación respecto de nuestro cliente están enfocados desde un punto de vista erróneo, que se aclarará cuando se levante el secreto del sumario”, explicaron fuentes de la defensa de Gregorio Castillo. Estas mismas recalcaron que la única imputación contra Castillo es por un delito de prevaricación administrativa. Anunciaron que recurrirá la decisión del juez de que su cliente deba comparecer en el juzgado una vez al mes.
El resto de los detenidos en la llamada ‘Operación Tosca’, derivada de la investigación aún en curso y bajo secreto de sumario parcial, la ‘Operación Ópera’, pasarán a disposición judicial durante la jornada de hoy.
A primera hora de ayer, la gerente de Promesa, Carolina Gorgé, y un técnico de la sociedad pública fueron los primeros en ser trasladados de los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil hasta el juzgado.  Ya por la tarde, hicieron lo mismo el director general de Seguridad Ciudadana y los responsables de las empresas investigadas, como el gerente de Eulen en Melilla, Juan Morales, y dos cargos más de esta empresa y de Himosa.  Los seis quedaron en libertad tras prestar declaración.
Todos ellos forman parte de los 15 detenidos estee miércoles por la Guardia Civil en Melilla, Málaga, Madrid y las Palmas de Gran Canaria, aunque el procedimiento judicial afecta a 35 personas. Una vez hayan declarado todos los detenidos, el juez irá citando en los próximos días al resto de imputados para tomarles declaración.
Entre los implicados, según fuentes cercanas a la investigación, hay políticos y técnicos de la Ciudad Autónoma, así como responsables de varias empresas, fundamentalmente relacionadas con el sector del agua y la seguridad, a quienes se relaciona con presuntos delitos contra la administración pública, como prevaricación, malversación, fraude y cohecho.
El objeto de la investigación, que inició la jueza María José Alcázar, anterior titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla, bajo el nombre de ‘Operación Ópera’ es el de esclarecer las presuntas irregularidades de determinados órganos de la Ciudad Autónoma en materia de contratación pública.
Aunque inicialmente la instrucción se centró en los contratos menores, que eran supuestamente fraccionados para eludir la contratación mediante concurso, se amplió al resto de contratos en los que sí habría sido necesario un procedimiento público. Para los investigadores, existen indicios de que podría haberse producido una “concertación previa” entre los responsables de las empresas finalmente adjudicatarias y funcionarios de la Administración autonómica para determinar el resultado del concurso.