El Juzgado de lo Social concedió un plazo de un mes a la empresa Arquisocial, en el centro de menores La Purísima, para llegar a un entendimiento con los trabajadores de forma que se pueda incluir en el pliego de condiciones el abono del plus de residencia.
De ello ha informado el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en Melilla, Francisco López, quien ha recordado que existía un conflicto colectivo, aparte del que ya se ganó y que aún no se ha abonado por parte de la empresa, incluido en la ejecución de la sentencia.
En caso de que la empresa no quiera llegar a un acuerdo, se someterá a juicio y, según López, el juez ya les informó de que “podrían incurrir en una vulneración de derechos fundamentales”, lo que podría conllevar una multa. Por lo tanto, en opinión del líder del sindicato en la ciudad autónoma, “se vuelve a dar un paso positivo para establecer un pago de los salarios en función de lo que está marcado en el sexto convenio colectivo del sector a nivel estatal”.
Cabe recordar que había un convenio específico que se denunció en su momento, pero no se llegó a un acuerdo, por lo que, según decía la reforma laboral, se tenía que aplicar el convenio estatal, que es con lo que se ganó la sentencia que los trabajadores tienen pendiente de pago y que la empresa no quiere abonar. “Ahora, una vez más, nos dan la razón a las pretensiones de los trabajadores contra Arquisocial”, ha manifestado López.
La sentencia ganada data del 1 de enero de 2022, y en ella se recoge la aplicación del sexto convenio colectivo y de todos los complementos que ahí figuran, como son el complemento específico, la turnicidad o el salario base. Lo que el juez ha dicho ahora, ha reiterado el secretario general de CCOO, es que se llegue a un acuerdo entre las partes para el abono del plus de residencia.
Lo que no se sabe todavía es desde cuándo sería de aplicación el pago de ese plus, por lo que también hay que llegar a un acuerdo respecto a ese asunto. Si este no se alcanza en el plazo de un mes, López cree que “se generaría un juicio por la posible sanción a la empresa por vulneración de derechos fundamentales”.
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