El Gobierno de Melilla ha expresado su total rechazo a las últimas declaraciones de la ex ministra María Antonia Trujillo y anuncia que no valorará en adelante las palabras de alguien que ya no pertenece a la vida política española y utiliza su influencia únicamente para contribuir a la propaganda anexionista marroquí en las ciudades de Ceuta y Melilla.
Para el presidente de la CAM, Eduardo de Castro, “Trujillo ha pasado de ministra a activista, y ahora se dedica a hacer de lobby del gobierno marroquí por intereses personales”, en alusión a las últimas declaraciones en las que cuestionaba la libertad de expresión en España y la integridad de las dos ciudades autónomas. “La ex ministra es la única española que cuestiona la falta de libertad de nuestro país y la españolidad de Ceuta y Melilla. A partir de ahora, contestaremos con silencio. El Gobierno de Melilla tiene asuntos mucho más importantes que responder a provocaciones de personas anónimas cuyo objetivo es saciar los deseos territoriales imposibles de Marruecos”, añade.
“El debate sobre la españolidad de Ceuta y Melilla y la aspiración geográfica de Marruecos es un recurso utilizado frecuentemente por el reino alauita para desviar la atención de otros asuntos de mayor calado”, ha recordado De Castro, en alusión a las últimas noticias de alcance internacional: la cooperación con Rusia en materia nuclear y la compra de arsenal militar a China y Estados Unidos.
Sobre este asunto, el presidente no ha querido pronunciarse: “son temas que no entran en la agenda del Gobierno de Melilla. En la ciudad, el Gobierno seguirá trabajando como hasta ahora, dando prioridad a los melillenses sin entrar en el juego de mentiras y propaganda de Marruecos y sus acólitos”, ha zanjado De Castro.
La ex ministra María Antonia Trujillo fue declarada persona non grata en el Pleno de la Asamblea de Melilla celebrado el pasado 9 de septiembre, después de que cuestionara la soberanía de Ceuta y Melilla en una conferencia impartida en la Universidad de Tetuán. En su alocución, Trujillo afirmó que ambas ciudades eran una “afrenta a la integridad territorial de Marruecos” y las calificó de “vestigios del pasado que interfieren en la independencia económica y política de Marruecos”, así como en las “buenas relaciones entre los dos países [España y Marruecos]”, lo que motivó la firma por unanimidad de una declaración institucional de rechazo por parte de todos los miembros de la Asamblea.
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