El Gobierno descarta el pacto local de inmigración que plantea PPL

Liarte propone elevar una serie de medidas al Estado para frenar la entrada de subsaharianos. El Ejecutivo local confía en las medidas que se están ejecutando ya por el Gobierno central.

El Grupo de Populares en Libertad (PPL) no se llevó una respuesta positiva del pleno de control de ayer a su propuesta de realizar un Pacto de Ciudad sobre la inmigración que se eleve al Gobierno central con una batería de medidas para frenar los saltos a la valla y favorecer la implicación de Marruecos en la lucha contra la inmigración irregular. El vicepresidente de la Ciudad, Miguel Marín, dijo confiar en la efectividad de las actuaciones que desde el Gobierno central se están realizando en la frontera de Melilla, fruto del compromiso y sensibilidad del Ejecutivo del PP con la alta presión migratoria que viene sufriendo la ciudad en los últimos meses.
El portavoz de PPL, Julio Liarte, manifestó su preocupación por las entradas masivas a través de la valla, por la sobreocupación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y los problemas de sanidad, tras el caso de meningitis registrado. “Se necesitan medidas de choque para frenar las avalanchas. Melilla y los melillenses son víctimas del deseo de los inmigrantes de llegar a Europa, como los guardias civiles y policías nacionales que arriesgan sus vidas, sin los recursos materiales suficientes ni un protocolo de actuación claro”, sostuvo Liarte.
El portavoz de PPL criticó también el incesante mensaje desde el Gobierno local y estatal de culpabilizar a las mafias que trafican con inmigrantes de la presión en la frontera de Melilla, pues a día de hoy “sin la implicación de Marruecos, es muy difícil encontrar una solución”. Además, Liarte reconoció que Marruecos también es víctima de la inmigración irregular y carece de los recursos suficientes.
Por ello, a través del Pacto de Ciudad sobre la inmigración, el Gobierno español instaría al Parlamento Europeo a reforzar la colaboración con Marruecos a través de “compensaciones justas y equilibradas” que serían siempre asumidas por la UE, según dijo Liarte. Ese pacto llevaría aparejadas algunas propuestas como la posible intervención del Ejército en la frontera en calidad de agentes de la autoridad o la construcción de CETIs en Marruecos a más de 100 kilómetros de Melilla.  

Lo que ya se está haciendo
El vicepresidente de la Ciudad, Miguel Marín, comenzó su intervención aclarando que este asunto es una competencia estatal y no del Gobierno local. En este sentido, enumeró y mostró su respaldo a las medidas que el Ejecutivo de Rajoy ya ha tomado, respecto a la alta presión migratoria.
El refuerzo de los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional con 250 agentes más; la instalación de la malla ‘antitrepa’ a lo largo de las dos vallas, esto es, más de 15.000 metros; las obras de mejora del puesto fronterizo de Beni Enzar y la próxima construcción de tres torres de vigilancia en el perímetro con cámaras térmicas para la Guardia Civil.
Marín se refirió también al programa internacional de apoyo y auxilio a los asentamientos de subsaharianos en Marruecos y el de retorno voluntario de éstos, gracias al trabajo que se realiza con la Organización Internacional de Migraciones. La lucha contra las mafias que trafican con inmigrantes, la potenciación de la cooperación con los países de origen y la “innegable” colaboración de las autoridades marroquíes completaron la lista de Marín en el pleno de ayer. “Rotundamente, no nos resignamos con este modelo de inmigración. Abogamos por una inmigración regulada y ordenada. Marruecos está colaborando como nunca y hay que agradecer esa colaboración”, concluyó.

Imbroda y la defensa de la Guardia Civil

El presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, concluyó la interpelación de Populares en Libertad preguntándoles por qué no defienden “con la misma vehemencia” a la Guardia Civil, cuando, tras la tragedia de Ceuta, ésta recibía críticas por su actuación. Recordó, en este sentido, que él mismo advirtió que las críticas a la Benemérita producirían un ‘efecto llamada’ y considera que así ha sido, pues la presión migratoria sobre la frontera no ha dejado de aumentar desde entonces. “Claro que el problema de la inmigración irregular es grave, pero no se pude criminalizar a la Guardia Civil ni utilizar argumentos sobre devoluciones ilegales o cesiones de soberanía. ¿Dónde están sus propuestas para mejorar la frontera y frenar la inmigración?”, se preguntó Imbroda.