El Gobierno de España sigue sin dar respuesta al caso de Emin y Pisly

Los familiares de los dos jóvenes asesinados por varios miembros de la Marina Real Marroquí en el año 2013, Abdeslam Ahmed, de 24 años y Amin Mohamed, de 20 años, siguen sin recibir respuesta por parte del Gobierno de España tras las insistentes preguntas que se llevan realizando desde todo este tiempo al conocido como caso de "Emin y Pisly".

De este modo, el senador designado de la Cortes Valencianas y miembro de Compromís, Carles Mulet García, presentó al Gobierno las siguientes preguntas respecto a lo sucedido: ¿Qué gestiones se ha hecho desde el asesinato hasta hoy por parte del ejecutivo español? ¿Por qué no se ha atendido a esta constante petición de los familiares de los jóvenes asesinados? ¿Qué medidas piensa adoptar a partir de hoy el Gobierno para garantizar el derecho de los familiares a Verdad y a la Justicia, para que dos familiares destrozadas desde entonces, puedan pasar página y rezar, como piden, por sus hijos que ya no podrán recuperar?

Según se muestra en el expediente ofrecido por el Senado, el Gobierno de España respondió lo siguiente ante estas cuestiones: "En relación con la pregunta de referencia, se informa que desde 2013 se han realizado gestiones a distintos niveles sobre este asunto, que sigue siendo objeto de preocupación y de interés por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación".

Asimismo, Mulet relata como el suceso que tuvo lugar cuando estos se encontraban a bordo de una embarcación de recreo con matrícula y bandera españolas, en las inmediaciones de Punta Negrí (en el Mar Mediterráneo).

Después de identificar a estos jóvenes y recuperar sus cadáveres, que habían sido sometidos a una autopsia en el Reino de Marruecos, por parte de las autoridades españolas y en el marco del procedimiento judicial incoado en su día se practicó otra autopsia en Melilla, en la que consta que no se conoce el tipo de munición que causó la muerte así como que los cadáveres habían sido lavados, amortajados y conservados en frigorífico, por lo que el resultado de las actuaciones quedó gravemente afectado por la primera intervención.

Los familiares tienen fundadas sospechas de que sus hijos fueron maltratados con una brutal paliza y posteriormente asesinados a bocajarro, así como que sus cuerpos no fueron desaparecidos gracias a la intervención de la Gendarmería marroquí a causa de un aviso efectuado por un amigo de sus hijos, quien fue informado por estos, la misma tarde de los hechos, de que se sentían amenazados por una patrullera de la Marina Real Marroquí que los estaba acometiendo.

Finalmente la intervención de la Gendarmería obligó a los miembros de la Marina Real Marroquí retornase los cadáveres de los jóvenes puerto de Beni Ensar A raíz de los hechos, tanto el Gobierno de la ciudad (Gobierno conformado por miembros del Partido Popular en Melilla) como el resto de partidos políticos representados en la Ciudad Autónoma de Melilla, les manifestaron su apoyo e hicieron ofrecimientos de ayuda para que los Ministerios españoles afectados por razón de su competencia nos asistieran en el esclarecimiento de los hechos.

A instancias del Delegado del Gobierno, D. Abdelmalik el-Barkani, los familiares se reunieron en Madrid el día 18 de diciembre del 2013 con D. Cristóbal Ramón Valdés, ya por entonces Director General de Asistencia a españoles en el exterior; y con D. Bosco Giménez Soriano, entonces Subdirector General de Protección y Asistencia Consular, quienes les indicaron que "todo el asunto estaba bajo secreto del sumario y que estaba en un Juzgado militar en Rabat", por lo que nos tendrían informados del desarrollo de los acontecimientos. La interlocución de los familiares con miembros del Gobierno, a pesar de las dificultades, se ha producido en contadas ocasiones.

De hecho, a pesar de sendas visitas a la ciudad de Melilla de algunos Ministros, después de una gran insistencia por parte de los familiares, siempre han recibido la respuesta de que estaban al tanto de todo y que les responderían sobre las gestiones que se estaban realizando. No obstante, después de años desde que se produjeron los dramáticos hechos, continúan sin respuesta alguna.

Cada día 27 de cada mes se concentran en las puertas de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, con el apoyo de todos los partidos políticos representados en la Asamblea a excepción de una parte de los diputados del Partido Popular (12 de los 25 diputados).