El expediente de gestión de La Purísima ve luz verde con los votos de PP y CpM

Los socialistas pidieron un modelo menos enfocado hacia la privatización del servicio, mientras que PPL criticó aspectos como el “excesivo” precio inicial de licitación. El Pleno de la Asamblea aprobó en la jornada de ayer, en sesión extraordinaria, la aprobación del expediente de gestión del servicio público de guarda y atención integral a menores en el Centro Educativo Residencial La Purísima Concepción. Dicho punto contó con el apoyo de los diputados del Grupo Popular y de Coalición por Melilla (CpM), mientras que el Grupo Socialista y Populares en Libertad (PPL) votaron en contra. El contrato tiene un precio inicial de adjudicación de 3,2 millones de euros anuales y una duración de dos años más otros tres prorrogables. Se contempla la subrogación del personal actualmente contratado.
El portavoz cepemista, Hassan Mohatar, expresó las dudas que tenía su formación política en lo tocante al número de personas que se contratarán en el centro. En concreto, señaló que el número era muy similar al de las instalaciones de Menores Infractores, que alberga a un total de 20 jóvenes, mientras que en La Purísima residen unos 180.
La consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, empleó parte de su turno de palabra en explicar al diputado de CpM que ambos centros no podían compararse. Los menores extranjeros no acompañados (MENAS) de La Purísima pueden realizar actividades al aire libre y tienen un régimen de residencia mucho más abierto que los infractores, por lo que no se necesita tanto personal como para este último colectivo.
En referencia a este último grupo de jóvenes, aseveró que necesitan multitud de profesionales dedicados a la educación, así como formadores, psicólogos y demás. En la misma línea, señaló que aspectos como el número de personas empleadas en cocina en ambos centros puede justificarse de similar modo. “No tienen nada que ver ni a nivel de régimen ni de infraestructuras ni de gestión”, añadió Garbín, quien recordó que el de Reforma se organiza según dictamina el Juzgado de Menores.
Por su parte, el portavoz socialista, Gregorio Escobar, reprochó que se haya optado por un modelo de gestión eminentemente privado, rechazando fórmulas más enfocadas a la esfera pública o incluso un sistema mixto. En este terreno, criticó que en el pliego se abra la puerta a la posible subcontratación de determinados servicios a la empresa adjudicataria.
Asimismo, señaló que con el sistema planteado por el Ejecutivo melillense “la gestión del centro podría acabar en manos de una empresa a la que no se controle debidamente”. En este terreno, demandó al Gobierno local que se fiscalice de manera permanente la gestión de La Purísima para garantizar el buen hacer de la concesionaria.
En palabras del portavoz del Grupo Popular, Daniel Conesa, el argumento esgrimido por Escobar era “incoherente”, ya que cuando el PSOE tenía responsabilidades en el Gobierno central decidió gestionar de manera similar instalaciones públicas como el Centro de Día para el colectivo de mayores. “El suyo es el argumento de siempre”, indicó al diputado socialista. De manera paralela, Garbín aseguró que la Consejería tiene herramientas suficientes para inspeccionar la labor de las adjudicatarias.
El vocal de PPL, Julio Liarte, señaló durante su primer turno de palabra que el precio inicial de licitación le resultaba “excesivo”, al tiempo que criticó que se valorara en 45 puntos los aspectos técnicos y económicos, no dando tanta importancia a elementos como la realización de talleres. “Deberían ser una obligación, no una mera opción en el pliego”, apuntilló.
Conesa indicó a Liarte que el precio inicial del contrato se había establecido en función de los informes técnicos remitidos por los profesionales de la Ciudad Autónoma. “Aquí no se inventa nadie nada”, reprochó el portavoz de los populares. “Plantea siempre la misma cuestión, pero sin argumentos, sólo de manera genérica”, indicó al vocal de PPL.
La consejera de Bienestar Social también salió al paso de las palabras de Liarte. Señaló que era “erróneo” que no se puntuara en el pliego la realización de cursos. Así, recalcó que se bonifica con un máximo de dos puntos por área los ocupacionales y los sociales. Por otro lado, los de ocio recibirán un tope de un punto, mientras que los dirigidos a formación de personal tienen un límite de cinco.
“Al contrario que el resto de grupos de la Asamblea, su formación política no ha realizado ninguna aportación constructiva en este punto del Pleno. Solamente se ha centrado en los aspectos económicos, no en la gestión del centro. Es una actitud que pone de relieve cuál es la postura de PPL en todos los asuntos que se debaten: Destructiva”, reprochó Garbín a Liarte.