El estado de alarma retrasa o bloquea las licitaciones de servicios y proyectos de la Ciudad

La declaración del estado de alarma no solo afecta a comercios que no sean de alimentación. Hay más sectores que sufren esta situación y eso se ve en la paralización o el retraso de proyectos en la Plataforma de Contratación del Estado. Algunos de los proyectos o servicios de la Ciudad que han salido a licitación se están anulando para que no cuenten los plazos y es que ese real decreto sobre el estado de alarma del Gobierno central paraliza los procesos administrativos.

Éste es el caso de la compra de vestuario y calzado para Policía Local, Agentes de Movilidad, vigilantes de los servicios generales y lanceros de la Ciudad. Se había destinado a esta adquisición un total de 527.279 euros por cuatro años, pero se ha paralizado el proceso hasta que se levante el estado de alarma y se informa, también en un comunicado adjunto en la plataforma, de que se suspenden las convocatorias de la mesa de contratación. Esta licitación se hizo justo el 17 de este mes y por ello ha dado tiempo a su bloqueo.

Lo mismo ocurre con la compra de productos de alimentación y de droguería para las escuelas infantiles de la Victoria y San Francisco de Asís, a las que se iba a destinar 155.294 euros, que se paraliza porque no hay mesa de contratación, aunque en este caso además dichas escuelas permanecen cerradas. Lo mismo ocurre con el servicio de limpieza, vigilancia y mantenimiento de la Escuela de Música y Danza y Centro de la Mujer así como otras dependencias de la Ciudad para el que había reservado 721.739 euros sin impuestos.

Y el contrato para el control integrado de plagas se para como los anteriores. Se destinaba 722.723 euros a este servicio, cuya licitación se retomará cuando se levante el estado de alarma.

También está en esta situación la reforma de la plaza de la Fuente del Bombillo. Fue el pasado martes 17 cuando se publicó en la Plataforma de Contratación del Estado un proyecto esperado porque forma parte de la rehabilitación de uno de los espacios más queridos por los melillenses y visitados por los foráneos que vienen a vivir a Melilla o la visitan durante unos días. La inversión de la Ciudad es de 90.445 euros. Esta obra tiene un tiempo de duración de tres meses. Sin embargo, los plazos se han paralizado. En la Plataforma de Contratación no se indica ya cuánto tiempo que tienen las empresas para presentar sus ofertas y se ha sustituido ese apartado por un aviso para revistar un documento en el que se indica cómo ha quedado la situación por el estado de alarma que hay decretado.

Sin mesa de contratación

La pregunta ahora es ver qué pasa con los proyectos que ya se han adjudicado y si son necesarios hacer más trámites administrativos en estos días para su puesta en marcha o si se paralizan también esos procesos por el estado de alarma.

Éste sería el caso del proyecto de la red de saneamiento del centro de acogida de menores del Fuerte de La Purísima. Se ha adjudicado ya a una empresa por un valor de 329.543 euros, siendo el presupuesto de licitación de 438.733 euros y tiene una duración de cuatro meses. No se indica en la Plataforma de Contratación del Estado nada más sobre esta intervención por lo menos hasta la publicación de esta noticia.

La adjudicación de la capa de rodadura y el refuerzo del firma en la calle Tadino de Martinengo y adyacentes también e adjudicó antes del estado de alarma y no se describe nada en la plataforma sobre si siguen los trámites habituales o se van a paralizar.

Otras instituciones

Uno de los proyectos que se ha visto retrasado es el referente a las obras de rehabilitación de inmuebles situados en la calle General Prim por parte del Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), que tenía un presupuesto de 809.896 euros y tenía un plazo de ejecución de 15 meses. Se busca la rehabilitación de seis viviendas. Se indica en la memoria que cuentan con 100 años de antigüedad y que están expuestas al ambiente marino por lo que hay deficiencias en los forjados por el estado de corrosión de los perfiles metálicos. Subraya que las viviendas están desalojadas en su totalidad y apuntaladas los forjados.

En concreto el plazo para obtener los pliegos se retrasa hasta el 27 de abril y la presentación de las ofertas hasta el 30 de ese mismo mes. Las aperturas de los documentos administrativos se harán el 5 de mayo y las ofertas económicas se verán el 12 de ese mes también.

Las obras de la ampliación de la desaladora se salvan de los retrasos y los bloqueos

Mientras que hay proyectos y contratación de material o servicios que se están bloqueando o se están retrasando por el estado de alarma, la tramitación para la ampliación de la desaladora sigue adelante, según se puede comprobar en la Plataforma de Contratación del Estado. El pasado viernes 20 se avisó desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Retro Demográfico a través de la publicación de una nota advirtiendo de que la apertura de las ofertas de las quince empresas que optan a este contrato pasaba de ser un acto público a un acto privado.

El resultado de la mesa de contratación del martes 24 sobre la valoración técnica está publicada ya en esta plataforma. Asimismo, se han abierto las ofertas económicas este miércoles 25, siendo el presupuesto de 23,4 millones de euros. Las empresas que han licitado más bajo de las quince que están en este proceso son dos con cifras muy cercanas: 14.913.610 euros de la UTE Ferrovial Agroman SA y Cadagua SA y 14.996.789 euros de la UTE SA Depuración y Tratamiento (SADYT) y SACYR Agua SL.

Tragsa suspende todas las licitaciones: afecta a la obra del nuevo hospital

Tragsa, la empresa pública que tiene adjudicada la obra del hospital universitario, ha paralizado todos los procesos de licitación debido al estado de alarma. En concreto, hay tres contratos que estaban en la Plataforma de Contratación del Estado que se van a quedar bloqueados en este periodo: suministro de cables por valor de 796.935 euros; la adquisición de vidrio para carpintería exterior de aluminio con un presupuesto sin impuestos de 279.670 euros; y la compra de equipos de extinción por 534.052 euros.

El real decreto sobre el estado de alarma aprobado hace unos días incluía una disposición adicional en la que se determinaban que se suspendían los plazos administrativos durante esta situación y que esto se aplicaba a todo el sector público, aunque se podrá acordar medidas específicas para continuar si hubiera determinados procesos en los que los perjuicios fueran graves siempre que el interesado estuviera conforme.

Tras esta publicación, Tragsa ha adjuntado a todos los procesos de licitación y adjudicación que hay publicados en la web de la Plataforma de Contratación del Estado un documento en el que se recoge dicha disposición adicional y lo que hará ahora.

La empresa pública entiende suspendidas durante la vigencia del estado de alarma: los plazos de presentación de ofertas; los plazos de presentación de cualquier documento, ya sea subsanaciones, requerimientos de escritos o solicitudes de aclaración, entre otras; y las fechas de comienzo de los trabajos indicados en los pliegos de las cláusulas administrativas.

Añade que si hubiera algún procedimiento que deba continuar por su particularidad se avisarán a los interesados.

Según este documento y de forma más ampliada, se indica que los plazos de presentación de las ofertas volverán a contar por periodo que reste al 14 de marzo cuando termine el estado de alarma y si hubiera algún cambio, se publicaría en la página de esta institución.

En cuanto al contrato para la compra de cables, que se usarán para la distribución eléctrica, se adjudicó el contrato el pasado miércoles 4 de marzo y la formalización tenía como plazo el día de ayer, según lo publicado en la plataforma. Se habían presentado once ofertas, de las cuáles siete eran pymes.

En relación con el contrato del suministro de vidrio para la carpintería exterior del hospital, no se incluyen los documentos porque hacía pocos días que se había sacado a licitación. Tan solo hay una memoria descriptiva que indica que no se iba a dividir el contrato para evitar problemas en el montaje y la correcta ejecución de la obra.