El Ejecutivo se autoimpone medidas para una contratación transparente

El Grupo Socialista expuso en el pleno de control una batería de propuestas con el mismo fin, como la creación de una Comisión de Control y Seguimiento, que el presidente Imbroda rechazó.

Nuevamente los contratos menores protagonizaron el pleno de control de ayer. Fue el contenido de la primera interpelación del Grupo Socialista, defendida por su portavoz, Gregorio Escobar, quien expuso al Gobierno una batería de medidas para reforzar la transparencia en estos procedimientos. La consejera de Presidencia y Contratación, Esther Donoso, defendió “la pulcritud” de la contratación pública en la Ciudad y explicó  al socialista que el Ejecutivo melillense se ha “autoimpuesto”, además, otros requisitos con el mismo fin. El presidente del Ejecutivo, Juan José Imbroda, fue el encargado de rematar el turno de palabra para rechazar una de las propuestas del PSOE, la de crear una Comisión de Control y Seguimiento de la Contratación, que estuviera presidida por un diputado de la oposición, como apuntó Escobar.
El requerimiento del portavoz socialista sobre medidas para aumentar la transparencia de los contratos menores fue contestado por la consejera. Donoso enumeró las medidas adicionales “autoimpuestas” por el Gobierno local para garantizar una mayor transparencia en las contrataciones menores.
Los contratos de servicios y suministros menores de 3.000 euros llevarán aparejado, aparte de los requisitos legales establecidos, un informe sobre la necesidad de la contratación, la justificación del gasto y las facturas correspondientes. En el caso de los contratos de obras por debajo de 6.000 euros, estarán acompañadas, además, de un presupuesto de obras y el informe de supervisión de la misma, atendiendo a criterios, como la seguridad, entre otros.
Además, se exigen otros requisitos que el área de Intervención ha impuesto este año en una circular interna. Entre esas exigencias, Donoso explicó que los contratistas deberán estar al corriente de los pagos a la Seguridad Social y las facturas deberán contar con la conformidad del funcionario correspondiente y el visto bueno del consejero de área.

“Halo de sospecha”
Sin embargo, estas explicaciones no fueron suficientes para el diputado socialista. Escobar expuso una batería de propuestas para despejar “el halo de sospecha” sobre los contratos menores, dada la investigación judicial abierta de la ‘Operación Ópera’.
Una de las propuestas es la creación de una Comisión de Control y Seguimiento de la Contratación que estaría, según dijo, presidida por un miembro de la oposición. También consideró que un pre–anuncio por parte de la Ciudad de los contratos a licitar facilitaría a los empresarios melillenses a preparar sus ofertas con tiempo, dando así una oportunidad a las pymes locales de poder optar en condiciones de igualdad a uno de esos contratos.
Escobar reiteró que una buena idea sería contar con al menos tres ofertas más antes de adjudicar un contrato menor a un empresario. A través de convenios de colaboración con colegios profesionales de diferentes gremios se favorecería esa igualdad de oportunidades a la hora de poder adjudicar un proyecto. Por último y en aras de no ceñirse únicamente a cumplir “una ley de mínimos” e “ir un paso más allá”, el portavoz socialista propuso la publicación de los contratos menores adjudicados, respetando la Ley de Protección de Datos.
Estas propuestas vinieron a colación de las explicaciones que Escobar ha recibido de consejeros como Pérez Calabuig (Medio Ambiente) y Francisco Díaz (Festejos), quienes dijeron en las comisiones correspondientes que las adjudicaciones de contratos menores se hacen “al que viene por aquí y deja el currículo o trae un presupuesto”. “Éstos no son criterios objetivos. Sólo les pido un esfuerzo”, recalcó el socialista.

Imbroda: “El dinero circula para todos”

La interpelación finalizó con la intervención del presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, quien reiteró que en la adjudicación de contratos menores se cumple con la legislación vigente y aseguró que hasta ahora el Tribunal de Cuentas solamente ha hecho recomendaciones al Gobierno local, en ningún caso, se les ha exigido la devolución del dinero de algún contrato adjudicado. Además, rechazó la propuesta socialista de crear una Comisión de Control y mucho menos que ésta estuviera presidida por un miembro de la oposición. “Será por la honestidad de su grupo, ¿no?”, espetó a Escobar. Además, recordó que al año se adjudican más de 2.000 contratos menores de los que se benefician más de un centenar de empresas melillenses desde consejerías como Medio Ambiente, Fomento, Bienestar Social y Festejos. “El dinero circula para todos”, zanjó.