El delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani destacó ayer que el rescate por parte de la Guardia Civil de diez niños, usados como método de chantaje para favorecer la entrada de pateras y la permanencia en España de quienes decían ser sus falsos padres, pone de manifiesto los métodos “sin escrúpulos” de las mafias, para quienes la inmigración es un negocio. El Barkani insistió, como ya ha hecho en otras ocasiones, en la necesidad de luchar contra las mafias que trafican con seres humanos y que controlan todo el fenómeno de la inmigración que accede a España
El delegado recordó que él mismo denunció hace meses el uso de mujeres embarazadas y de menores como escudos o pasaportes humanos y resaltó la necesidad de no ceder al chantaje que trata de tocar la fibra humanitaria.
En este punto, el delegado aludió a las imágenes grabadas por la Guardia Civil en las que se puede ver cómo los inmigrantes que viajan en pateras amenazan con tirar a los niños al mar o prender fuego a la embarcación con una botella de gasolina, algo que demuestra tanto la desesperación de estas personas como las instrucciones que reciben de quienes se lucran con la inmigración.
La constatación del uso de los menores como vía de entrada, gracias a la realización de pruebas de ADN que han demostrado que quienes decían ser sus padres no lo son, ha permitido poner fin a esta práctica, que se iniciaba, incluso, con la compra del menor en el país de origen.
El máximo representante del Gobierno central en nuestra ciudad destacó que ahora tras las investigaciones realizadas por la Guardia Civil, las unidades familiares de inmigrantes que llegan a Melilla son reales.
Para El Barkani, la situación que ha quedado al descubierto debe plantear la necesidad de que no se admita bajo ningún concepto este tipo de prácticas por parte de las mafias.
El delegado resaltó que gracias a la colaboración de la Ciudad para la realización de las pruebas de ADN se ha conseguido sacar a la luz este tipo de prácticas de trata de seres humanos.
Los diez niños descubiertos en esta operación, entre ellos varios bebés, están ahora bajo la tutela de la Ciudad Autónoma, que los atiende en centros de acogida hasta que termine el proceso judicial y se decida qué trámites habrá que realizar. También tendrán que esperar para saber si los verdaderos padres de los pequeños deciden reclamarlos.