El Defensor del Pueblo quiere saber qué inmigrantes acceden a la oficina de asilo

Destaca las mejoras, pero quiere estudiar si la oficina es accesible para cualquier extranjero

El Defensor del Pueblo hace referencia en su informe anual a la “importante mejora” en 2014 en la tramitación de solicitudes de protección internacional en Melilla. La institución presidida por Soledad Becerril resalta que en nuestra ciudad se comenzaron a tramitar solicitudes de protección internacional en el mes de septiembre, con lo que el pasado año se cerró con 404 solicitudes en frontera. Asimismo, señala que sólo en enero de 2015, 200 personas, todos ellos de nacionalidad siria, habían formalizado y a su solicitud en frontera y se prevé que la cifra continúe aumentando.
Lo que no analiza el informe de este año es si cualquier ciudadano puede acceder a estas oficinas de asilo. Hay que señalar en este punto que numerosas ONGs e instituciones han denunciado que para los subsaharianos es imposible llegar a estas instalaciones. Tal y como publicó ayer El Faro, los ciudadanos sirios llegan a las oficinas de asilo de Beni Enzar previo pago de soborno en Marruecos o utilizando pasaportes de ciudadanos marroquíes con los que guardan parecido físico. Sin embargo, para los subsaharianos es imposible acceder a estos ya que las Fuerzas de Seguridad marroquíes se lo impiden. Estos inmigrantes sólo pueden pedir protección cuando han conseguido entrar en Melilla saltando la valla. El Gobierno no da ninguna respuesta clara sobre si tiene previsto adoptar algún tipo de medida para garantizar que cualquier inmigrante pueda llegar hasta la oficina habilitada para pedir asilo.

Análisis para 2015
El Defensor del Pueblo, aunque no profundiza en este problema en su informe de este año, deja entrever su existencia cuando afirma que en el próximo estudio que se presentará en 2016 se hará “un análisis más detallado sobre el perfil del solicitante de asilo que llega al puesto fronterizo y si tal acceso es posible para cualquier extranjero con necesidades de protección internacional”. Además, aunque deje el análisis de este perfil para el próximo año, la afirmación de que los 200 solicitantes de asilo de enero eran sirios ya deja bastante claro qué extranjeros son los que están llegando a estas oficinas.

Mejoras en las oficinas
Por otro lado, la institución resalta que este aumento del número de solicitudes en el puesto fronterizo de nuestra ciudad ha motivado que, tras la última visita del Defensor del Pueblo a Melilla a finales del año pasado, se haya recomendado a la Administración que hasta que estén listas las nuevas oficinas de asilo, se facilite un “kit de apoyo social” adaptado a las necesidades de las personas que llegan al puesto fronterizo de Beni Enzar con la finalidad de solicitar protección internacional. También pide que se adopten medidas para que de manera urgente se preste un servicio de asistencia social a estos solicitantes en frontera, en las mismas condiciones que se presta, por ejemplo, en el aeropuerto de Barajas.

Tarjetas de identificación
Por otra parte, el Defensor  hace referencia a las “disfunciones” que existen para el efectivo traslado de los demandantes de asilo. Entre ellas señala la demora en la emisión de las tarjetas de identificación de los solicitantes de protección.
La institución indica que se considera que este trámite puede ser realizado directamente en la península, considerando que las tarjetas emitidas en Melilla sólo tienen validez en nuestra ciudad como consecuencia de la restricción de la libertad de circulación de los solicitantes impuesta por la Administración que aún continúa. Hay que recordar que los solicitantes de asilo en Melilla y Ceuta no pueden moverse libremente por el territorio español, algo que sí puede hacer cualquier extranjero que formalice esta solicitud en cualquier otro punto de nuestro país, una situación que ha sido criticada en diversas ocasiones por el Defensor del Pueblo. Esto implica que una vez que los solicitantes de asilo en Melilla son trasladados a la península, sus tarjetas tienen que anularse y emitirse de nuevo. La institución presidida por Becerril ha formalizado una recomendación para que se modifique esta actuación. Habrá que esperar al próximo año para saber si el Gobierno acepta este consejo del Defensor del Pueblo.