El Defensor del Pueblo pone en duda la cifra de muertos que da Marruecos

El viernes 15 de este mes de julio se cumplió el plazo de prórroga de la orden del Ministerio de Interior que obliga a sellar pasaportes para entrar en Melilla y solo permite el acceso a la ciudad a personas con autorización para circular por el espacio Schengen.

Esa orden se había emitido en mayo pasado, en vísperas de la reapertura de la frontera. En principio era solo una prórroga de un mes. Eso dio esperanzas a mucha gente en Marruecos y en Melilla, que pensó que 30 días no es nada. Daba la impresión de que era algo temporal que puede revocarse en cualquier momento.

Sin embargo, lejos de eliminarse la restricción, Interior ha vuelto a ampliar la exigencia de visado para entrar en Melilla hasta el 15 de septiembre.

O sea, ahora se vuelve a ampliar el plazo, pero en esta ocasión por dos meses. Esto significa que no habrá noticias de levantar la exigencia de visado al menos hasta el final de la Operación Paso del Estrecho (OPE).

Es evidente que si no se refuerza la Oficina de Asilo de Melilla a través de una modificación de la Ley de Asilo, que el Gobierno anunció que iba a hacer en abril, no se puede normalizar el tráfico fronterizo sin visado en ambas direcciones porque si no, el Rif entero pide protección internacional en Melilla y en 15 días está en la península y viajando por toda Europa.

Esa puede ser una justificación de peso. La otra, salta a la vista: las conversaciones con Marruecos han tocado hueso. No hay avances respecto a la reapertura de la Aduana Comercial de Beni Enzar y las relaciones bilaterales entre los dos países en estos momentos no atraviesan su mejor momento.

Sólo hay que leerse con detenimiento la nota de prensa del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, anunciando su visita a Melilla poco antes de coger el avión para entrevistarse con el presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro; la delegada del Gobierno, Sabrina Moh; los migrantes que saltaron la valla el 24J, que están en el CETI y que, supuestamente, no han sido trasladados a la península, los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con entidades que trabajan temas relacionados con la inmigración en nuestra ciudad.

Hay un detalle muy importante en el comunicado del Defensor del Pueblo. Cuando hace referencia a las muertes que se produjeron en la valla habla de "decenas" en lugar de dar por buena la cifra de los 23 muertos que Marruecos ha vendido con el visto bueno del Consejo Nacional de Derechos Humanos marroquí, un organismo similar al Defensor español, aunque con la independencia mucho más cuestionada. Digamos que en Marruecos son independientes hasta que los descubren.

El comunicado deja claro que el ex ministro socialista y candidato del PSOE por la Comunidad de Madrid (encargado de supervisar la actividad de la Administración que le nombró) no se traga las cifras de Marruecos. Entiendo que la Administración que lo nombró tampoco. Pues bien, la nota de prensa hace hincapié en que el número de muertos el 24J "no ha sido aún precisado".

Y hay que reconocer que esa es una verdad incuestionable: Marruecos primero habló de 18 muertos; luego subió este dato a 23, pero en el cementerio de Sidi Salem, de Nador, había 21 tumbas.

Después las propias ONG marroquíes elevaron la cifra a 37 muertos y los migrantes entrevistados en el CETI dicen que son más. Ellos calculan unos 60.

Esa nota de prensa del Defensor del Pueblo tiene que haber sentado como una bomba nuclear en Marruecos. Donde las dan, las toman. Rabat quiere endosarle los muertos a España como si no hubiéramos visto las terribles imágenes de los cadáveres y los heridos amontonados como bestias a las puertas del paso fronterizo de Barrio Chino, en la parte marroquí de la frontera.

A los gendarmes no les parecían suficientemente débiles los migrantes, la mayoría sudaneses, y seguían dando palo a cuerpos inertes o tomándole el pulso en el cuello, como si fueran médicos.

Para los que nos dedicamos a mirar con lupa la actividad política, no pasa desapercibido que la visita del Defensor del Pueblo coincide con el viaje que este miércoles hará a Melilla el senador de Compromís, Carles Mulet, que para mañana jueves, a las 10:30 horas, tiene prevista una visita institucional al CETI.

Coincidencia o no, el Defensor del Pueblo habló este martes con los migrantes antes de que lo haga Mulet, que pidió los permisos hace al menos dos semanas y que también tiene previsto recorrer el perímetro fronterizo y la valla y reunirse con la organización Prodein, de José Palazón, un veterano en la lucha por el respeto a los derechos humanos en la frontera de Melilla que estuvo este martes reunido con Gabilondo.

Para este miércoles, el Defensor ha programado sendas reuniones con el presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro, a las 10:00 am, y una hora más tarde con Sabrina Moh, delegada del Gobierno, que tiene que asimilar el amargo trago (para ella) de no ser la primera institución en reunirse con Gabilondo.

El caso es que en ninguno de los dos casos hay declaraciones a la prensa. Sólo permitirán que entren a grabar los cámaras y fotógrafos. Solo quieren foticos y hay que hacerlas porque esas imágenes serán antológicas si finalmente Moh termina siendo imputada por la matanza de Barrio Chino, como en su momento lo fue Abdelamlik El Barkani por la devolución de migrantes kamikazes a Marruecos.

Así que seguimos sin saber qué opina Moh de lo ocurrido en la valla el 24 de junio. Ni ella, si su asesor, Fidel Moga, responsable de Seguridad y Frontera en la Ejecutiva socialista regional, han abierto la boca para decir qué les parece lo sucedido en el viernes negro de la valla de Melilla.

Esperemos que tras esta visita, el Defensor del Pueblo pueda acceder por fin a las imágenes de lo ocurrido en el perímetro fronterizo. Sabemos que ya las ha solicitado también la fiscal de Extranjería, Beatriz Sánchez, que pasó por Melilla la semana pasada, antes de que un teniente general de la Guardia Civil viniera también a la ciudad, un día antes de que aterrizara en el aeropuerto Ángel Gabilondo.

En definitiva, que desde que la Eurocámara dijo que iba a investigar lo ocurrido el 24J y desde que Bruselas pidió la comparecencia del ministro Marlaska ha empezado un desfile de altos cargos por Melilla. Estamos en el centro del debate de los derechos humanos no de nuestro país, sino de toda la Unión.