El Defensor del Pueblo considera que "no son suficientes" las explicaciones trasladadas por el Ministerio del Interior sobre el salto a la valla de Melilla el pasado 24 de junio cuando al menos murieron 23 migrantes y ha reiterado sus recomendaciones y recordatorios de deberes al ministro Fernando Grande-Marlaska.
"Una vez recibida la respuesta del Ministro del Interior, se adoptarán las conclusiones definitivas y se le dará traslado del contenido de las mismas", explica el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en un escrito de respuesta a las ONG de defensa de los migrantes.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, volvió a defender la actuación "proporcionada" de la Guardia Civil en la valla de Melilla y reafirmó que no hubo que "lamentar ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional" durante su segunda comparecencia en el Parlamento el pasado 30 de noviembre.
En el escrito, Gabilondo explica que el pasado 28 de noviembre elevó información al ministro al estimar insuficientes las razones expuestas de no aceptación de sus recomendaciones y recuerda que se han recibido desde la Secretaría de Estado de Seguridad "varias respuestas y, en otros casos, se han formulado requerimientos a los que aún no han contestado".
También recuerda que tampoco ha recibido respuesta de la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración a las conclusiones remitidas por la institución tras la visita al Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Melilla, el pasado 14 de octubre.
El Defensor expone que se ha pedido información complementaria al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) tras sus respuestas el pasado 4 de noviembre a varias de las cuestiones, y también al Centro de Protección de Menores de Melilla sobre el estado de las tramitaciones de la determinación de edad y de las peticiones de protección internacional.
"Mientras tanto, y en espera de estas respuestas, el Defensor del Pueblo reitera las cuatro recomendaciones y los tres recordatorios legales expresados en el escrito del pasado 14 de octubre", indica.
Entre ellos, el recordatorio del deber legal de aplicar un enfoque de derechos en la gestión fronteriza a fin de garantizar el derecho a la integridad física y moral, sin que nadie pueda ser sometido a malos tratos, tratos inhumanos o degradantes.
También, el de ajustar su actuación a los principios básicos que establece el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y especialmente a impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral.
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