El juez ve indicios de delito en la entrega de subsaharianos a Marruecos al aplicar el concepto de frontera recogido en una orden de servicio firmada por Martín Villaseñor.
El coronel de la Guardia Civil en Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, está citado en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 el próximo 3 de octubre a las 09:00 horas para declarar en calidad de imputado en el caso de las devoluciones de inmigrantes realizadas supuestamente de manera irregular en los dos saltos a la valla registrados el 18 de junio y el 13 de agosto. El juez Emilio Lamo de Espinosa ve indicios de un delito de prevaricación en la entrega de “un número indeterminado” de subsaharianos a las Fuerzas Auxiliares marroquíes al aplicar el “concepto operativo de frontera” recogido en la Orden de Servicio 6/2014 firmada por el coronel Martín Villaseñor, tal y como recoge el auto de imputación al que ha tenido acceso El Faro.
Las pesquisas judiciales parten de la querella presentada por Andalucía Acoge, SOS Racismo España y la Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein) a raíz de los sucesos acaecidos en el asalto a la valla fronteriza de Melilla el 18 de julio y que Lamo de Espinosa admitió a trámite a principios de agosto. Posteriormente, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 adjuntó a este procedimiento la denuncia presentada por las mismas entidades, pero en relación a hechos similares registrados durante el asalto a la valla el 13 de agosto.
En ambos casos, los querellantes aportaron abundante material audiovisual en el que el juez observa, según el auto de imputación al que ha tenido acceso este diario, que en ambos días un número indeterminado de inmigrantes asaltó la valla y fueron “entregados de manera inmediata a las Fuerzas Auxiliares marroquíes sin aplicar la legislación de extranjería”. “En las imágenes se aprecia que por un grupo de agentes de la Guardia Civil son entregadas varias personas a los funcionarios marroquíes a través de la apertura de las puertas ubicadas en las vallas, incluida la interior y la ubicada en el entrevallado, engrilletados y alguno de ellos con síntomas visibles de encontrarse lesionado”.
Además, Lamo de Espinosa explica que en ambos saltos a la valla, el del 18 de junio y el 13 de agosto, no se aplicaron la normativa vigente respecto de la Ley de Extranjería y el Acuerdo bilateral firmado entre España y Marruecos. En ambos textos legales los inmigrantes que logran acceder a territorio nacional de forma irregular deben ser puestos a disposición de la Policía Nacional para su identificación.
El juez afirma que, tras analizar la documentación recibida por parte de la Comandancia de la Guardia Civil y la Jefatura Superior de Policía, no consta “que en los días analizados este procedimiento se cumpliera” .
Lamo de Espinosa explica que la imputación se debe a que el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Ambrosio Martín Villaseñor, “es la persona que dicta la orden de servicio 6/2014 titulada ‘Dispositivo anti intrusión en la valla perimetral de Melilla y protocolo operativo de vigilancia de fronteras’, fechada el 11 de abril y ser la persona al mando del dispositivo”. El pasado enero Martín Villaseñor también fue imputado por la devolución de 21 inmigrantes ‘kamikaces’. Son embargo, esa imputación ha quedado suspendida de manera “provisional” y acudirá a declarar en ese caso como testigo porque en esa fecha no había firmado la orden de servicio 6/2014 y el día de los hechos estaba fuera de Melilla.
El informe de la Policía Nacional
Dentro de las diligencias ya efectuadas por el juez instructor en la investigación judicial de las decoluciones del 18 de junio y el 13 de agosto se encuentra el informe solicitado a la Jefatura Superior de Policía sobre su posible intervención en los asaltos a la valla en esos dos días. La Jefatura afirma, según recoge el auto, que “en la Brigada de Extranjería y Fronteras no fue presentado ningún subsahariano por los hechos ocurridos en la valla el 18 de junio”.
Además, la Policía Nacional añade que “el 13 de agosto se produjeron dos intentos de asalto en los que no fue presentado ni llegó por sus medios ningún subsahariano”. Por último, la Jefatura Superior apostilla en su informe que en los últimos dos años la misma brigada y en virtud del Acuerdo de España y el Reino de Marruecos firmado en 1992 “solamente se han tramitado dos casos de readmisiones aceptados por Marruecos”.
A lo largo del auto judicial, el juez Lamo de Espinosa recalca la “provisionalidad” de estas conclusiones hasta poder tomar declaración al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil que será el próximo 3 de octubre. De momento, según recoge el auto, se han realizado otras diligencias “esenciales”, como la petición de los informes a la Comandancia y a la Jefatura Superior, la toma de declaración de los agentes de la Benemérita que estuvieron en la valla los días 18 de junio y 13 de agosto. Queda pendiente la comisión rogatoria a Marruecos para que el país vecino identifique a los agentes de las Fuerzas Auxiliares presentes en los mismos hechos.
Un “concepto operativo de frontera” sin respaldo legal y colocado por encima de los tratados internacionales
En el auto de imputación, el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Emilio Lamo de Espinosa, expone, tras analizar la documentación enviada por la Comandancia de la Guardia Civil, concretamente la orden de servicio firmada por el coronel Martín Villaseñor, que en ésta no se especifica qué precepto o norma jurídica ampara el “concepto operativo de frontera”. Es más, esa orden de servicio precisa que ese “concepto operativo de frontera” es un “concepto consolidado desde 2005”. Lamo de Espinosa considera este argumento no es más que “una remisión genérica”.
Por tanto, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 llega a la conclusión “provisional” de que “mediante el uso del concepto operativo de frontera pudo haber tenido lugar una derogación de facto de los tratados internacionales suscritos entre España y Marruecos en materia de delimitación de los límites fronterizos”, que datan del año 1860.
Por otra parte, el juez enumera los pasos legales a cumplir para la realización efectiva de las devoluciones de inmigrantes al país vecino, en virtud del acuerdo bilateral de 1992, consistentes en realizar una petición formal de readmisión a Marruecos en el plazo de 10 días a la entrada y en caso positivo aportar todos los datos de filiación de los inmigrantes.
La Comandancia y la Dirección General guardan silencio
Tras conocer la imputación del coronel Martín Villaseñor, tanto la Delegación del Gobierno como la Dirección General y la Comandancia de la Guardia Civil declinaron hacer cualquier tipo de declaración al respecto. En este sentido, cabe recordar que la Delegación y la Comandancia tampoco se han pronunciado por la próxima comparecencia de Martín Villaseñor como testigo el día 30 por hechos similares.
