El 27 de mayo de 2021, el Consejo de Estado emitió un duro dictamen al que ha tenido acceso El Faro, en el que criticó la "desidia" y el "reprochable actuar" de la Administración de Melilla respecto al contrato de grúa y depósito de vehículos tras una reclamación patrimonial del empresario que presta el servicio en la ciudad.
El expediente de responsabilidad patrimonial lo inició el 8 de enero de 2020 la Consejería de Presidencia a raíz de que el 12 de septiembre de 2019 hubiera finalizado el contrato de servicio de la grúa y depósito de vehículos de Melilla.
Sin embargo, desde esa fecha el empresario siguió "presentando facturas periódicamente por concepto de guardia y custodia de vehículos sin ningún tipo de relación contractual".
Para entender lo que pasa con el contrato de la grúa de Melilla hay que remitirse al 7 de septiembre de 2015, cuando se suscribió un contrato de grúa que en principio iba a tener dos años de duración y sendas prórrogas de un año cada una.
El 2 de enero de 2019, la entonces consejera de Presidencia y Administración Pública, Paz Velázquez, dispuso que se tramitara un expediente de contratación mayor del servicio de grúa, que quedó desierto ya que el 9 de abril de 2019, cuando se cerró el plazo de presentación de ofertas, nadie había concurrido al concurso.
A partir de ese momento, se inició un expediente de contratación mayor de servicios de grúa, depósito e inmovilización de vehículos y la mesa de contratación propuso la adjudicación a la empresa Vectalia S.A a través de un decreto publicado el 19 de noviembre de 2019, pero finalmente la compañía desistió.
En el expediente constan varios escritos denunciando que esa empresa incumplía los requisitos al estar ubicada en terreno no urbanizable y carecer de aptitud legal y material para albergar las instalaciones precisas.
Aunque el contrato con la empresa de la grúa (la de siempre) había finalizado el 11 de septiembre de 2019, el empresario siguió custodiando vehículos en sus terrenos particulares que eran depositados por al Ciudad a instancias de la Policía Local.
El 10 de septiembre de 2019, este empresario notificó por escrito a la Ciudad que se abstuviera de seguir enviando vehículos a sus terrenos porque al haber adjudicado el contrato a otra empresa a partir de ese momento los precios no estaban sujetos a contrato e iban a ser de 100 euros por la retirada de vehículos y 60 por las motos. También añadió 10 euros por cada día de depósito de vehículos y 5 euros por depósito de motos. Y a eso hay que añadir el servicio de grúa, 30 euros, por el enganche.
Además, el empresario preguntó qué haría la Administración con el millar de vehículos depositados por la Ciudad y pendientes de retirar por el centro de descontaminación y cuya estancia la iba a facturar, según los precios anteriores a partir del fin del contrato.
El empresario envió varios escritos más a la Ciudad los días 16, 23 y 27 de septiembre y el 3 y 25 de octubre de 2020, advirtiendo a la Consejería de Presidencia de que la deuda de la Ciudad crecía a razón de 7.530 euros al día, contando desde el 12 de septiembre de 2019.
La empresa, además, reprochó a la Ciudad por escrito que se estaba viendo incapacitada para ejercer cualquier actividad porque tenía sus instalaciones completamente ocupadas con 734 coches y 38 motos y nadie se había puesto en contacto con ellos para llegar a algún acuerdo de prórroga del servicio por lo que se veía obligada a facturar los precios que tenía establecidos fuera de contratación.
En el momento de esta comunicación, ya tenía 982 coches y 52 motos, que en el depósito estaban generando a la Ciudad un gasto diario de 10.483,20 euros, desde el 12 de septiembre de 2019.
A todas estas, desde el 3 de octubre de 2019 existía un expediente de contratación por el procedimiento de emergencia con la empresa Hamete e Hijos Benaisa Driss Maanan que supuestamente iba a estar en vigor hasta la resolución y adjudicación del nuevo contrato de grúa.
El 12 de febrero de 2020, la Plataforma de Contratación del Estado publicó el pliego de prescripciones técnicas para la adjudicación del servicio de grúa, depósito e inmovilización de vehículos en Melilla. La empresa afectada por el impago de la grúa presentó un recurso especial en materia de contratación contra esa licitación.
El 24 de febrero de ese año, el empresario presentó una nueva relación de facturas que ascendía en ese momento a 1.678.694,37 euros y advertía de que esa cantidad podía incrementarse aún más si los vehículos seguían depositados en sus instalaciones y hasta tanto no fueran retirados.
En definitiva, el afectado presentó reclamación patrimonial alegando haber cumplido con el contrato que tuvo adjudicado entre el 7 de septiembre de 2015 y el 11 de septiembre de 2019, pese a lo cual la Administración seguía ocupando sus instalaciones con más de un millar de vehículos, aparte de seguir recepcionando turismos y motocicletas a instancias de la Policía Local.
Según consta en el dictamen del Consejo de Estado al que ha tenido acceso El Faro, algunas de estas facturas fueron abonadas de acuerdo a los nuevos precios por la Policía Local. En todo caso, la Ciudad nunca contestó a los avisos del empresario. Pero pese a esos abonos hechos por los municipales, el empresario exige a la Ciudad 1,2 millones de euros de facturas impagadas entre el 17 de septiembre de 2019 y el 10 de enero de 2020.
La respuesta de la Ciudad llega el 5 de marzo de 2020, a través de un informe de la Dirección provincial de Presidencia y Universidades que reconoce que "existe responsabilidad de la Administración" por mantener los vehículos en el depósito de Uasani (nombre del empresario recogido en el dictamen del Consejo de Estado).
En este documento se propone pagarle al empresario por el alquiler del terreno y no por el aparcamiento de vehículos, en contra de lo que pide el perjudicado por el fin del contrato.
La propuesta de resolución reconoce el perjuicio económico sobre la empresa que pese a no tener contrato con la Administración, tenía que mantener acogidos un millar de coches de la Administración. En resumen, proponen pagarle 338.000 euros por un año, muy lejos de millón y pico que reclama la empresa.
El Consejo de Estado, tras analizar todos los antecedentes del caso, concluyó reiterando "la necesidad de que las Administraciones públicas respeten los principios de publicidad y concurrencia que fundamentan la regulación de los contratos administrativos, erradicando las prácticas que los vulneran".
Además, señala que las "graves faltas de diligencia en la gestión de los expedientes de contratación" desembocan en situaciones como ésta, en la que el empresario exige una compensación.
En este sentido, el Consejo de Estado reconoce la dificultad de establecer una justa compensación al empresario frente a este tipo de situaciones creadas "por un reprochable actuar administrativo".
En este sentido, aconsejó a la Ciudad trasladar los vehículos que estaban en el depósito a la mayor brevedad posible y tramitar y culminar un nuevo expediente de contratación para regular el servicio en Melilla.
Finalmente la Ciudad sacó un contrato de emergencia, que fue adjudicado a este empresario. El Partido Popular denunció que era un escándalo de corrupción.
En abril de 2021, la fiscal jefe de Melilla, Laura Santa Pau, denunció por un delito de prevaricación administrativa al presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro, y a dos ex consejeros. Entre ellos, la de Presidencia, Paula Villalobos.
Ciudadanos expulsó a De Castro del partido, acusándolo de no informar que estaba imputado en este caso.
El dictamen del Consejo de Estado ve en lo ocurrido "negligencia de la Administración" al no haber existido contrato "por desidia de la Administración" para que el empresario siguiera prestando un servicio.
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