El compromiso del Estado con Ceuta para mantener las ayudas perdidas no tiene valor jurídico

El compromiso enviado a la Ciudad Autónoma por parte de la Delegación del Gobierno en Ceuta no supone ningún compromiso real por parte de la Administración General del Estado de cumplir en los Presupuestos Generales del Estado de 2020 la inclusión de la partida de 7,2 millones de euros que no se han percibido en esta anualidad. Esto es así a pesar de que este jueves el gabinete de prensa de la Plaza de los Reyes difundía a bombo y platillo que todo estaba solucionado. [Consulte aquí el documento enviado por la Delegación del Gobierno a la Ciudad]

Ni mucho menos, la promesa realizada por la delegada del Gobierno la semana pasada no supone ningún valor jurídico para que la Ciudad Autónoma pueda incluir los 7,2 millones de euros en su proyecto de presupuestos para el año que viene con lo cual no tendrá más remedio que aprobarlos con el recorte de los 7,2 millones de euros. Tampoco lo supone la carta remitida por Mateos.

Por supuesto, se denota la buena voluntad que tiene la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, por cumplir con la petición que le hizo el presidente Juan Vivas tras transmitirle que Madrid tenía la voluntad de incluir en los PGE 2020 esta cantidad.

Sin embargo, esa voluntad, de momento, nada más que se materializa en una carta firmada por la misma Salvadora Mateos, donde le dice al presidente de la Ciudad que “mediante la misma hace constar la firme voluntad de la Delegación, en el marco de la nueva legislatura que arrancó hace unos días, una vez esté constituido el nuevo Gobierno, se les dé continuidad a los compromisos adquiridos con Ceuta respecto a la desalinizadora y en materia de seguridad y control de la frontera”. Es decir, se trata de un compromiso personal, no de Estado. Nada serio a lo que pueda aferrarse el Ejecutivo.

Al final, hemos asistido a una semana de espera para un documento que a pesar de esa buena voluntad antes señalada no deja de ser ‘papel mojado’. Porque al final la solución idónea era la planteada por el propio presidente de la Ciudad, en su rueda de prensa del pasado martes. En ella especificó que al igual que se había aprobado el acuerdo en una reunión del Consejo de Ministros para la aportación de 2,3 millones para los MENA basándose en razones de excepcionalidad, esa misma causa es totalmente válida para dos temas como la producción de agua o el hecho fronterizo. Por esa misma regla de tres también se aprobó a primeros de noviembre la aportación de 8,2 millones de euros para la ayuda a la producción de agua en las Isla Canarias.

Y en su defecto, si al final se considera que las cuentas públicas están cerradas y que estos dos acuerdos con la Ciudad de Ceuta no suponen una materia de excepcionalidad, el compromiso político no puede ser un escrito de la delegada del Gobierno. Estamos hablando que, si de verdad, existe esa voluntad política de dar a Ceuta el próximo año estos 7,2 millones, el escrito o aval debe venir rubricado bien por la vicepresidenta del Gobierno o por la propia ministra de Hacienda. De otra manera se podría entender claramente que lo que se está intentando es jugar con la Ciudad Autónoma de Ceuta y en su defecto con todos los ceutíes.