Francisco López, secretario general de CCOO en Melilla, apunta a que los más perjudicados por el cierre de la frontera han sido los trabajadores transfronterizos, tanto los que lo hacían con los papeles en regla como los que no y más concretamente aquellos que desempeñaban su labor en la construcción y en la hostelería. Además, debido al cierre, ha salido a flote la explotación que sufrían algunos trabajadores marroquíes, como se pudo comprobar gracias a investigaciones policiales y la Inspección de Trabajo, señaló López.
Expuso que la población de la ciudad no estaba preparada para ocupar los puestos de trabajo que han dejado los transfronterizos porque, según explicó, la formación que se ha impartido no estaba orientada a este tipo de trabajo o las necesidades laborales de la ciudad. El confinamiento perimetral también ha limitado bastante la actividad.
Además, en los sectores donde más trabajadores transfronterizos hay (construcción y hostelería sobre todo), López relató que se ha dado el caso de que cuando empezó a levantarse el confinamiento domiciliario y a retomarse la actividad y con ello a levantar los ERTE, los empresarios han tenido que suspender cautelarmente los contratos de sus trabajadores marroquíes para poder contratar nuevo personal ante la imposibilidad de que estos volvieran al estar la frontera cerrada.
¿Y por qué no están bien formados los melillenses? Explicó que los cursos de formación que se ofrecen no están orientados a la empleabilidad en la construcción y en la hostelería. Puso de ejemplo que se han visto cursos de construcción general en la lista que ofrece el SEPE, pero no hay ninguno de especificación como fontaneros y los trabajadores marroquíes sí venían con su formación especializada que habían recibido en su país. Añadió que también hay muy pocos trabajadores que tienen la cualificación para mejorar las grúas y que por lo tanto, las cualificaciones que ofrece el SEPE no están dirigidas a cualificar estas personas y que puedan trabajar.
López cree que la pandemia no es que haya agravado unas malas condiciones laborales, sino que las ha evidenciado. Explicó que existen los casos de trabajadores que cobraban alrededor de 1.500 euros al mes, pero que una parte de esta cantidad se la daban en negro. Por lo tanto, a la hora de cobrar los ERTE, como la cotización que reflejaban es mucho menor que la de su horario laboral real, se han quedado con una prestación de unos 400 euros al mes. Apuntó a que esta situación ha mostrado el mercado negro y el abuso que hay en los tipos de contratos al no corresponder lo que aportan a la Seguridad Social con lo que ganan. Dijo que esto se veía antes con las jubilaciones, pues a muchos empleados, después de estar toda su vida trabajando, le quedaban una pensión muy pequeña por no haber estado cotizando todas las horas de su jornada diaria y que ahora se ve con los ERTE, ya que si una persona trabajaba a jornada completa, al tener un contrato de media jornada el SEPE le da como prestación el 70% del 70% de esa media jornada.
Y no es solo esto, también ha habido dobles sanciones a algunas empresas y a sus empleados; a las primeras por hacerles trabajar estando en ERTE y a estos últimos por cobrar la prestación del ERTE y trabajar. López explicó que esto supone una sanción grave y que los empleados pierden el derecho a paro en un año y también a recibir cursos de formación, además de tener que devolver todo lo que les había prestado el SEPE, teniendo que pagarle la empresa lo que se había ahorrado.
Al levantarse el confinamiento domiciliario y con ello muchos ERTE, también se dio el casos de trabajadores que se dieron cuenta de que empresa no lo había hecho porque seguían cobrando la prestación del SEPE y acudieron al sindicato para quejarse de la situación, sin embargo, no lo podían denunciar porque ellos serían sancionados también.
López dijo además que Inspección de Trabajo ha tenido muy fácil detectar esta situación, pues con mirar las redes sociales y ver que un establecimiento anunciaba que reabrían con un horario que no coincidía con la solicitud de este para recibir los ERTE, podían ver la ilegalidad.
Por otro lado, hay muchos trabajadores que si tenían algún tipo de deuda con la Administración, esta se la ha restado de su prestación de ERTE, suponiendo en algunos casos una cifra muy importante.
López cree que el colectivo más perjudicado ha sido el de las mujeres, pues al cerrarse los colegios y ahora con la jornada partida, son ellas las que han pedido en un 90% una reducción de su jornada laboral para poder atenderlos incluso ahora que está la jornada partida para los escolares.
También hay empresas que sí que han aceptado el teletrabajo, pero en las que no, las mujeres se han visto perjudicadas.
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