El ‘buenismo’ del pasado

La situación ha tenido que llegar a ser crítica para que por fin se adopten medidas. Los abusos que muchos ciudadanos extranjeros hacen de la Sanidad española no los acabamos de conocer hace unos días. Vienen siendo denunciados desde hace suficiente tiempo como para haber tomado ya medidas sin necesidad de tener que esperar a tener la crisis encima.
Antes de que se descuadraran los números de las cuentas públicas, no cabía dentro de lo políticamente correcto plantear si cualquier persona que acudiera a un centro médico tenía derecho a recibir atención sanitaria. Se daba por descontado que sí. Hoy, en cambio, nadie levanta la voz cuando se expone abiertamente esta cuestión. Y no sólo eso; nadie se queda atrás a la hora de apostar por permitir el uso de la sanidad pública sólo a quienes legalmente tienen el derecho a recibir asistencia médica y, con independencia de derechos y como excepción, a cualquier persona cuya vida corra inminente peligro. Los recortes a los que obliga la crisis son un argumento más pesado que el ‘buenismo’ que se imponía a la lógica hace sólo unos días.
En el caso de Melilla, los primeros ‘perjudicados’ serán los ciudadanos marroquíes que acostumbran a utilizar la Sanidad española sin que su Gobierno o ellos mismos asumieran el pago de gasto alguno, a pesar de que la Dirección Provincial del Ingesa se preocupara de enviar las facturas, como aseguraba su responsable, Francisco Robles, este domingo en El Faro. En otras regiones de España son ciudadanos estadounidenses, franceses, alemanes, ingleses... y de las más variadas nacionalidades los que nos visitan en lo que se denomina ‘turismo sanitario’. Aquí, como nuestros ‘visitantes’ tienen sus propias particularidades y maneras, a este problema se le conoce como las ‘pateras sanitarias’. Sin embargo, en esencia, es el mismo en todas autonomías, como debe ser la misma la solución que se imponga. Ésta no puede pasar más que por que los países de origen se hagan cargo del coste de la atención a sus ciudadanos, que éstos asuman personalmente el pago de su tratamiento o negar la atención médica que deberían ofrecerles sus propios Gobiernos.