El pleno del Congreso ha rechazado este miércoles con los votos del bloque de la investidura las enmiendas a la totalidad presentadas a la ley de amnistía por el PP y Vox, que no han conseguido apoyos para sus propuestas de endurecer el Código Penal frente al independentismo e incluso ilegalizar partidos.
La enmienda del PP ha sido votada de viva voz y se ha saldado con 171 votos a favor, 178 en contra y la llamativa ausencia del hemiciclo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no estaba en el hemiciclo cuando ha llegado su turno.
La enmienda de Vox, votada telemáticamente, solo ha sido apoyada por los 33 diputados de la formación que lidera Santiago Abascal.
Ha sido el último debate de un pleno de infarto marcado por el anunciado rechazo de Junts a los primeros tres decretos ley aprobados por el Gobierno y que finalmente sus siete diputados han decidido no votar, evitando in extremis su caída en bloque.
Una ley de amnistía a cambio de siete votos, han denunciado en el pleno PP y Vox.
Una ley para "estirar la agonía" de la presidencia de Pedro Sánchez, ha advertido la portavoz popular Cuca Gamarra, que ha denunciado la "humillación" del PSOE ante sus socios independentistas y ha defendido la necesidad de tipificar como delito la deslealtad constitucional: "Es lo que hacen las democracias modernas cuando están en peligro".
Gamarra ha sostenido la "oportunidad política y solidez jurídica" de su propuesta para reformar el Código Penal y ha advertido al PSOE que arrastrará durante décadas el "bochorno" al que se está dejando someter por quienes quieren romper el orden constitucional.
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha defendido su enmienda como "una reprobación del Gobierno en su conjunto", pero no ha recibido ni los votos de los populares.
Los diputados de Vox sí han apoyado la enmienda popular, que ha sido rechazada por el bloque de la investidura. Incluso Coalición Canaria, que se opuso a la ley de amnistía cuando llegó por primera vez al pleno en diciembre, ha criticado unas enmiendas que, en palabras de su diputada Cristina Valido, son "desproporcionadas" y "rozan peligrosamente la condena de las ideas".
En nombre del PSOE, Artemi Rallo ha defendido la ley de amnistía como legítima y constitucional, además de "oportuna y necesaria" para intentar "salvar el conflicto de Cataluña", y ha cargado contra el PP por pretender tipificar la deslealtad constitucional y haber bloqueado durante cinco años la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Un bloqueo que también ha reprochado a los populares el portavoz de Sumar, Enrique Santiago, quien ha rechazado de plano que se intente "perseguir ideas" o ilegalizar partidos por decisiones políticas.
En esa línea, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián ha considerado que lo "peligroso" son las enmiendas con texto alternativo de PP y Vox y no la ley de amnistía y ha recordado al PP que hace apenas un año se opusieron a una propuesta de Vox para ilegalizar partidos.
Desde Junts, Josep María Cervera ha denunciado que se intente "criminalizar la actividad del independentismo" y ha dejado claro que su solución "para el futuro de Cataluña siempre será la independencia".
Cervera ha asegurado que son conscientes de que hay "centenares de jueces y juezas que ejercen con absoluta profesionalidad", pero ha planteado aprovechar la próxima reforma constitucional para consagrar la imparcialidad de la judicatura, porque no sirve de nada que sea independiente "si su anacrónica ideología afecta a su imparcialidad".
Por parte del PNV, Mikel Legarda ha rechazado unas enmiendas que, en su opinión, pretenden tratar las "realidades nacionales distintas a la española" como un "problema de orden público", mientras que el portavoz de EH Bildu Jon Iñarritu ha criticado al PP por convertir un conflicto político en uno "policial o violento", como a su juicio han hecho en Euskadi tras el fin de ETA.
Desde el grupo mixto, Martina Velarde (Podemos) ha acusado al PP y Vox de ir en contra de "todo lo que sirva para avanzar como país", y el diputado del BNG, Néstor Rego, de usar la "mentira y la manipulación", como cree que ha hecho la Xunta de Galicia con la marea de 'pellets' de plástico.
Frente a ellos, el diputado de UPN Alberto Catalán sí ha apoyado la enmienda del PP frente a una ley que ha tachado de "ilegal e inconstitucional" y que, a su juicio, es fruto de una "compra de votos, como lo fue también la entrega del Ayuntamiento de Pamplona a Bildu".
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