{jaimage crop="ML" /}El abogado Aído sostuvo que su cliente no ha sido identificado por los testigos. El abogado de Maldonado, Pedro Apalategui, invirtió algo más de una hora en presentar su alegato final ante el jurado en el día de ayer. La mayor parte del mismo la dedicó a intentar desmontar la investigación realizada por la Guardia Civil contra su defendido al considerar que en muchos puntos de ésta “se deja la puerta abierta al error, a la irregularidad y a la duda”, especialmente en lo tocante a la recopilación de los datos de los registros de entradas y salidas de vehículos en las instalaciones portuarias y la incongruencia en el cotejo de los mismos para inculpar al jefe de Industria de la Ciudad.
El descarte sin justificar de rutas alternativas para entrar y salir de Melilla y considerar como válidas en la investigación únicamente los enlaces marítimos entre Melilla y Málaga y Almería llevó a los agentes a “conclusiones precipitadas”, afirmó. Igualmente, rechazó el hecho de que los investigadores no tomaran en cuenta que muchas empresas de Melilla tienen una flota con matrícula peninsular, pero con residencia en la ciudad.
Instó al jurado en varias ocasiones a no basar su veredicto en suposiciones y puso de relieve que el método de investigación de la Benemérita tenía “lagunas” e incoherencias como, por ejemplo, la de un vehículo con matrícula de Gerona que entró en Melilla el 17 de julio de 2000 y salió el 11 de julio del mismo año.
Las fotocopias de documentos que la Guardia Civil hizo en la recopilación de las pruebas supuestamente inculpatorias revisten para Apalategui de invalidez, puesto que no se conservan los originales ni estas fotocopias se cotejaron con los originales. Por ello, consideró que las fotocopias, por su naturaleza, tienen “una potencial manipulación” sino están compulsadas.
Tampoco entendió que los testigos de la Fiscalía no estuvieran citados como acusados, al ser ellos los que reconocieron que daban una cantidad de dinero superior al coste de las tasas de la ITV. “En un soborno son culpables el que da y el que recibe”, afirmó y añadió: “Me duele decir que el Ministerio Fiscal haya traído testigos que deberían ser acusados. Es una quiebra de la lealtad procesal”.
Es el caso, sostuvo Apalategui, del transportista detenido junto a Maldonado el 27 de mayo de 2003. ‘El chico del azúcar’ declaró como testigo y si supuestamente entregó un sobre o no a Maldonado, debería haber acudido al juicio como acusado también, consideró el letrado. También recordó otros supuestos intermediarios, como el camionero cuyo vehículo nunca salió del puerto, que no ha declarado en el juicio ni como acusado ni como testigo. “Simplemente a la Fiscalía no le ha interesado llamarle”, apostilló.
El as en la manga
No obstante, Apalategui aún se guardaba un as en la manga y explicó al jurado una sentencia reciente de la Audiencia de Ciudad Real del pasado mes de marzo de un caso similar al melillense. Los acusados no eran funcionarios públicos, pero sí empleados de la empresa adjudicataria del servicio de la ITV en la localidad de Daimiel.
Apalategui se detuvo en uno de los fundamentos de la sentencia en la que el tribunal consideraba que el fraude en la ITV debía poner en riesgo “el bien que se protege con la inspección técnica de vehículos: La Seguridad Vial”. En el caso de Maldonado, el letrado aseguró que en ningún momento de la investigación ni del juicio en sí se ha demostrado que el jefe de Industria aprobara la ITV de vehículos que tuvieran deficiencias tales como para poner en peligro la Seguridad Vial. “Ningún testigo ha referido que Maldonado sellara la ITV a sabiendas de que el vehículos estaba mal”, aseveró Apalategui.
El alegato de la defensa del guardia civil jubilado, Juan Manuel Aído, fue más corta que la de su colega de profesión. Sostuvo que su cliente no ha sido reconocido ni identificado por ningún testigo que implique al guardia civil en el supuesto fraude de la ITV y consideró que únicamente se le acusa por su amistad con Maldonado. Recordó esos ‘enlaces’ sin identificar, como ‘El Mellao’ o ‘El Gorrilla’ al que se refirieron los testigos y ninguno lo relacionó con su defendido. Sí criticó que la Guardia Civil no investigara la identidad real detrás de estos apodos. Aído criticó “la alegría y la falta de rigor” de la Fiscalía para acusar a su defendido, cuando éste “de no haber existido, los documentos de los vehículos habrían llegado de todas formas a Melilla”, puesto que ha quedado probado que eran conductores y transportistas los que los traían a la ciudad.
