El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha cambiado de criterio y si hasta ahora pedía el padrón o un documento de los servicios sociales para escolarizar a menores en los centros educativos de Ceuta y Melilla, ahora tiene en cuenta la "singularidad" de las dos ciudades y acepta otros medios "admitidos en el Derecho" como prueba de la residencia efectiva. La escolarización se facilita.
Hay numerosos niños y niñas que han nacido en Melilla o llevan desde muy pequeños en la ciudad y no tienen acceso al sistema educativo porque sus padres tienen problemas documentales. Son numerosas las organizaciones que han estado luchando en contra de esta práctica, como Prodeín, la cual llevó hasta la ONU este asunto, y el Defensor del Pueblo ha celebrado la nueva resolución del Ministerio. "El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, valora positivamente la resolución de la Secretaría de Estado de Educación, publicada este miércoles en el BOE, por la que se regula el proceso de admisión de alumnos y alumnas de segundo ciclo de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato en los centros docentes de Ceuta y Melilla".
El Defensor pone en valor que en el apartado decimonoveno de la mencionada resolución reconoce, en línea con lo recomendando en su día por el Defensor apuntan, la singularidad de la escolarización en estas ciudades, y acepta otros documentos como medio de prueba para acreditar la residencia en ellas, más allá del empadronamiento.
La institución expone que las quejas recibidas en el Defensor del Pueblo desde 2018 han permitido constatar la presencia continuada en Melilla de generaciones de familias extranjeras, cuyos hijos e hijas han nacido o residen habitualmente en la ciudad, pero no están empadronadas y se encuentran en situación administrativa irregular.
Dicen que en opinión de la Institución, tras la publicación de esta resolución, el derecho a la educación de estos niños y niñas, su acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro quedan garantizado. Además, subrayan que la resolución pone fin a los perjuicios que la situación de irregularidad documental de sus progenitores causaba a un importante número de menores residentes en la ciudad autónoma de Melilla.
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