“Con la ampliación de la prisión permanente revisable, se refuerza la protección a los ciudadanos de aquellas personas que cometen delitos gravísimos”. Así lo afirmó ayer la diputada por Melilla en el Congreso, María del Carmen Dueñas, que recordó que “esta pena, que se introdujo en el ordenamiento español en el año 2015, es la pena máxima de nuestra escala, pero es proporcionada a la gravedad del delito y es una pena revisable, con un sistema de evaluación; por lo tanto, nada que ver con cadenas perpetuas u otras denominaciones, que como vemos ahora por parte de algunos, pretenden desacreditarla”.
Además, resaltó que “es una figura penal habitual y normalizada en Europa, que se aplica en todos los países de la Unión, salvo Portugal y Croacia, y en muchos de ellos a un mayor número de delitos que en España”. “Frente a los que lamentablemente defienden la derogación de la actual norma, como PSOE y Unidos Podemos, junto a la reiterada abstención de Ciudadanos, en el Partido Popular reiteramos nuestra defensa para su permanencia, y atendiendo a la demanda social, proponemos incorporar más supuestos delictivos”, afirmó Dueñas.
En este punto, la parlamentaria nacional apeló de nuevo a la responsabilidad de los grupos de la oposición, a los que ha reclamado que “apoyen esta mejora de la figura de la prisión permanente revisable, y en el caso de PNV, PSOE y Podemos, abandonen su idea de derogarla, y en el de Ciudadanos, que se deje de tibiezas y vaivenes en su posición, y se decida a apoyar la prisión permanente revisable sin fisuras, porque es un derecho social, que cuenta con un amplio e importante apoyo de la sociedad española; alrededor del ochenta por ciento de la opinión pública, reiteradamente en todas las encuestas sobre esta cuestión, ha puesto de manifiesto que es razonable que en nuestro Código Penal, para los delitos más graves y execrables, exista una pena como la prisión permanente revisable”.
Dueñas recordó que en la actualidad la figura de la prisión permanente revisable se aplica de forma muy limitaday dijo que en la ampliación propuesta “se incluyen cinco nuevos tipos delictivos: Asesinato con obstrucción de la recuperación del cadáver a los familiares; asesinato después de un secuestro; violadores en serie; violación a un menor tras privarle de libertad o someterle a torturas físicas o morales; muertes en incendios, destrucción de grandes infraestructuras, liberación de energía nuclear o elementos radioactivos”.
Por último, la parlamentaria nacional incidió en que “la constitucionalidad de esta pena está avalada en España por los informes que se emitieron por parte de las distintas instituciones con ocasión de la elaboración de la norma: Consejo de Estado, Consejo Fiscal y Consejo General del Poder Judicial, cuyo informe favorable fue elaborado por la portavoz del Grupo socialista en el Congreso, Margarita Robles, si bien ahora mantienen desde su grupo una posición contraria a la medida”.
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