El diputado nacional del Partido Popular de Melilla y portavoz de Defensa del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, ha pedido que el Ministerio de Defensa aplique durante próximos dos años (2021 y 2022) una prórroga en la finalización del compromiso de larga duración de manera que ésta se produzca a los 47 años en lugar de a los 45, de manera similar a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Tropa y Marinería para aquéllos que alcanzando los 45 años de edad no cuenten con 18 años de servicio para alcanzar la condición de Reservista de Especial Disponibilidad.
Esto se realiza con el propósito de que se pueda disponer de un plazo de tiempo adicional, de dos años, para poder desarrollar las medidas previstas en la propia Ley así como las contempladas en el Informe de la Subcomisión de Defensa para producir una desvinculación digna y satisfactoria de las Fuerzas Armadas por parte de los militares con compromiso de larga duración.
Gutiérrez señaló que el objeto de la iniciativa del Grupo Parlamentario popular es “reducir el volumen de esa lista que ya supera los dos mil individuos”. E instó también al Gobierno a establecer un plazo de tiempo adecuado, previo a la finalización del compromiso de larga duración de los militares profesionales de Tropa y Marinería, para que Defensa les proporcione la orientación y el apoyo necesario para facilitar su reincorporación al mercado laboral.
“No creemos que la solución sea la cancelación de la renovación de la organización en los niveles más bajos de la misma. La renovación es necesaria, la solución digna para los servidores públicos que alcanzan la edad indicada por la ley para dejar las Fuerzas Armadas, también. Se lo debemos todos”, afirmó.
Asimismo, destacó la sensibilidad del grupo popular con el mantenimiento de la necesaria rotación de personal en los niveles más bajos de la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas a fin de garantizar su necesaria renovación cronológica”.
Denunció también que los resultados de la Ley de 2006 de Tropa y Marinería, que facilitaba el acceso a la incorporación laboral de los militares profesionales de tropa y marinería en otros ámbitos de las administraciones Públicas, no han sido satisfactorias, por lo que considera necesario incrementar los esfuerzos de la Administración para garantizar este derecho.
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