Matersa, la empresa adjudicataria del contrato público de socorrismo de Melilla, tiene previsto sentarse a negociar el pago de las deudas que arrastra con los trabajadores que contrató este verano en la ciudad debido a que el Gobierno local aún le debe más de 230.000 euros de los servicios prestados en las playas.
La compañía tiene previsto delegar en dos personas (una de la central de Murcia y otra de Melilla) la negociación de las cantidades a abonar "trabajador a trabajador", según informaron a El Faro fuentes de Matersa.
Estas personas contactarán por teléfono a los socorristas de Melilla con pagos pendientes de abonar y si fuera necesario se reunirán en Melilla. La idea es alcanzar un acuerdo con cada uno de ellos antes de llegar a juicio.
Según las previsiones, las negociaciones empezarán a finales de la semana que viene (del 28 de noviembre al 3 de diciembre).
Matersa elaborará unas tablas salariales y actualizará toda la información de los socorristas que reclaman el impago de sus sueldos.
"Se va a hacer como se debe hacer y va a ser algo individual", añadieron a El Faro desde la compañía.
Matersa ha decidido apelar a fondos propios para saldar su deuda con los trabajadores, en vista de que los problemas con la Ciudad Autónoma no se solventan.
"No podemos permitir que este conflicto afecte a la reputación de la empresa más de lo que ya ha afectado", concluyen.
Este martes representantes de Matersa y varios de los socorristas que denunciaron el impago de sus sueldos se vieron las caras en un acto de conciliación, pero no alcanzaron ningún acuerdo.
Los trabajadores reclaman el pago de la nómina de agosto y la primera quincena de septiembre, aparte de las horas extra de julio y alguna nómina pendiente de ese mes.
La Ciudad no pagó la factura por los servicios de socorrismo prestados a Matersa porque el interventor municipal entendió que había alguna irregularidad y decidió no firmar la factura.
El presidente de Melilla, Eduardo de Castro, que lleva personalmente el tema, decidió pedir un informe a la Intervención del Estado para comprobar si la Intervención Municipal lleva razón. Dos meses después no se sabe nada del informe.
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