Derogar las ‘devoluciones en caliente’ tendría que ser una prioridad para 2018

• Así se apunta en un estudio de una institución catalana que señala que se legisla poco en migración en España

El Gobierno debería tomar como prioridad la modificación de la reforma sobre las ‘devoluciones en caliente’ en las vallas de Melilla y Ceuta. Es una de las conclusiones del anuario sobre inmigración elaborado por el CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), en el que apunta que en nuestro país hay una inacción normativa respecto a los temas migratorios. Reconoce el estudio que el hecho de que el Gobierno estuviera casi un año en funciones y la fragmentación en el Congreso han podido influir en esta situación, pero señala que en periodos anteriores tampoco ha habido una fuerte iniciativa política y legislativa en la materia. Considera que hay cierto estancamiento y que es necesario cambiar esta situación de cara al próximo año. Por eso entienden que los grupos parlamentarios deberían centrarse en varias reformas claves, entre las que incluye las devoluciones, pero también el acceso universal a la Sanidad.

El informe indica que el estancamiento del marco normativo en inmigración no es exclusivo del Estado, sino que alcanza también a las comunidades autónomas. Señala que las autonomías tampoco están desarrollando una política de inmigración. Según se detalla en el anuario, todas las comunidades han elaborado en algún momento un plan de inmigración. Sin embargo, en la mayoría de los supuestos han agotado el período de aplicación para el que fueron concebidos, y con ello sus efectos, sin que se hayan renovado, tras la oportuna evaluación de su aplicación. Precisa que únicamente están en vigor, terminando su período de aplicación, los de Andalucía, Aragón y Castilla-León, y ha sido anunciado por los responsables políticos la aprobación de un nuevo plan para Madrid.

Por otro lado, en el mismo anuario se analiza también si el modelo de control de fronteras español ha podido servir de guía a la política migratoria de la Unión Europea. En concreto se refiere a los acuerdos entre nuestro país y otros estados africanos para cooperar en el control de los flujos. Entiende que esta acción de externalización, poniendo el foco en terceros países, es una clara fuente de inspiración para la UE. Sin embargo, en el estudio dudan de la efectividad de este procedimiento.

Señala que la eficacia de estas políticas es muy relativa respecto a la reducción de la inmigración irregular. Apunta que lo único que sucede es que se van desplazando las rutas.

Además, entiende que al ser una política a corto plazo, no actúa sobre las causas profundas de estos fenómenos. Asimismo, considera que amplía el mercado de los “facilitadores” de cruces fronterizos, es decir, las mafias que ayudan a los migrantes a pasar de forma irregular. Indica que como en todos los mercados ilegales, a mayores dificultades para acceder, se produce un aumento de los precios y de las posibilidades de negocio.

También se refiere a las limitciones al acceso al asilo y las violaciones de diferentes tipos de derechos humanos de las personas en movimiento en los espacios de tránsito, algo que achaca también a este modelo de control. Considera que esto contribuye a la producción de individuos ‘invisibles’, sin derechos y cada vez más expuestos a la violencia. “Si las rutas más fáciles y más traficadas están bajo un creciente control, los flujos se desplazan hacia nuevas rutas que son menos controladas pero más largas y más peligrosas”, indican en el anuario. Por tanto, entienden que lejos de reducir los flujos el principal resultado de esta estrategia es el aumento del riesgo para los migrantes.