El Defensor y entidades sociales aplauden el nuevo reglamento de Extranjería

La reforma del Reglamento de Extranjería que agiliza los permisos de residencia y trabajo a menores extranjeros no acompañados ha sido aplaudida por entidades de la infancia, UGT e instituciones como el Defensor del Pueblo, mientras que PP y Vox la han criticado por generar, dicen, un "efecto llamada".

Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado la reforma del Reglamento, que beneficiará a 15.000 inmigrantes (8.000 menores no acompañados y 7.000 de entre 18 y 23 años) y facilitará la concesión de permisos de residencia y trabajo a menores extranjeros que viajen solos a España y extutelados.

Una treintena de organizaciones, como Unicef, Fundación Raíces, Plataforma de Infancia o Red Acoge, han suscrito un comunicado en el que han valorado la reforma que han tildado de "paso histórico" en la "mejora de vida" de los menores que llegan a España, eliminando las "barreras insalvables para su integración", que sufrían hasta ahora.

Y han recordado que estas entidades llevaban años denunciando las "abusivas condiciones" de un reglamento que abocaba a la exclusión social a miles de adolescentes y jóvenes por lo que confían en que la reforma facilite su integración y transición a la vida adulta.

El nuevo reglamento permite que puedan tramitarse las autorizaciones de residencia a instancia de los propios niños y, en todo caso, obliga a hacerlo a las oficinas de extranjería transcurridos 90 días desde la entrada del menor en el Sistema de Protección.

Cambios en el reglamento de Extranjería

Además, la residencia de jóvenes a partir de 16 años llevará aparejada el permiso para trabajar, igual que tienen reconocido los españoles de esa edad.

De esta manera para las organizaciones de la infancia firmantes del comunicado, se pone fin al sinsentido de tener a miles de jóvenes indocumentados o con un permiso para vivir en España pero que no les permite trabajar.

Además de estas entidades, la Alianza para la mejora del sistema de protección de la infancia, la adolescencia y la juventud, formada por entidades catalanas de acción social y la federación de pisos asistidos, ha celebrado la reforma que esperan acabe con una situación "absurda e injusta".

También el defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, se ha mostrado satisfecho con una reforma que esta institución reclamaba desde hace una década.

"A partir de ahora podremos encontrarnos con una situación más feliz en la que los niños tutelados, cuando cumplan los 18 años, puedan formarse e integrarse en la vida nacional con los mismos derechos y obligaciones que el resto de menores", ha dicho Fernández Marugán en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.

Precisamente, en esa Comisión Mixta el diputado de Vox Carlos Zambrano y el senador del PP José Ignacio Landaluce han expresado el temor compartido de que la reforma acarre un "efecto llamada".

"Cruzarán en pateras, saltarán la valla o se meterán de polizones. Este reglamento pone en riesgo sus vidas", ha previsto el diputado de Vox, mientras que el senador Landaluce ha advertido de que el "efecto llamada" ya se vio con el Open Arms y el Aquiarius.

Desde el PP de Ceuta, su presidente, Juan José Vivas, no ha hecho valoración a la espera de analizar "en profundidad y de manera sosegada" el texto de la reforma.

Lo que sí ha hecho es trasladar el texto a los servicios jurídicos de la institución para que analicen el contenido y la repercusión para la ciudad.

Y desde Canarias, uno de los territorios junto a Ceuta y Melilla más afectados por la llegada de menores inmigrantes, sí se han sumado a valorar el texto y han recordado que, hasta ahora, los jóvenes al cumplir 18 años tenían que abandonar los centros convirtiéndose en personas sin papeles y sin hogar.

También sobre el nuevo reglamento se ha pronunciado el presidente de la Plataforma por la Dignidad y los Derechos de los Jóvenes Inmigrantes, Juan Molina, que ha opinado que la reforma beneficia a España porque con su acceso al mercado laboral "van a apoyar el desarrollo económico y social del país".

Molina, que también preside una asociación en Chiclana de la Frontera (Cádiz) que gestiona pisos de acogida para menores que entraron en España y que quedaron en un limbo al cumplir 18 años, ha subrayado que la reforma es resultado de un "esfuerzo muy grande y muy largo. Lo hemos sudado".

Finalmente, UGT ha celebrado los cambios en la ley por lo que supone de respeto al interés superior de los menores pero ha lamentado el "retraso injustificado" que ha sufrido su tramitación y ha advertido que espera que el texto aprobado "se atenga a la versión" a la que los interlocutores sociales dieron su conformidad