El Defensor del Pueblo asegura que ha solicitado a la Secretaría General de Inmigración y Emigración que se pueda ceder la tutela de los menores extranjeros no acompañados (mena) de Melilla a ONG, fundaciones o entidades dedicadas a la protección de menores, así como llegar a acuerdos con otras autonomías para que asuman la tutoría de esos niños y jóvenes. El objetivo de estas medidas sería mejorar las condiciones de su integración social “a la vista de la excesiva ocupación del centro de protección de La Purísima”.
En concreto, en una respuesta enviada a la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla (APDHM), el Defensor del Pueblo asegura que va a mantener las actuaciones iniciadas con dicha secretaría general sobre la posibilidad de implementar las previsiones que se recogen en el artículo 35 en los puntos 11 y 12 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España. En el primero habla de ceder la tutela a ONG y en el segundo, a otras autonomías.
La residencia
Esta institución también señala, en esta respuesta al requerimiento de APDHM sobre la situación de los menores en La Purísima, que finaliza todas las actuaciones iniciadas sobre este asunto, a excepción de dos temas. Uno de ellos es el citado anteriormente y que está analizando con la Secretaría General de Inmigración y Emigración. El segundo es sobre la demora en la tramitación de la autorización de residencia y de las tarjetas de identidad de los menores extranjeros tutelados.
El Defensor del Pueblo explica en su resolución que recibió tanto información de la Fiscalía como de la Consejería de Bienestar Social sobre la situación de La Purísima.
La Fiscalía
Sobre el informe de la Fiscalía de la Sala de Menores, se destaca que es la Policía quien hace la reseña del menor que interna en el centro y luego se le realizan las pruebas oseométricas. Subraya que, en varios casos, es “imposible” practicarle esas pruebas por las continuas altas y bajas en el centro. En este sentido, recoge el ejemplo de un menor que entre el 12 y el 18 de marzo tuvo seis ingresos y cinco bajas, por lo que no se le practicaron esta pruebas.
También reconoce la Fiscalía, según recoge el documento del Defensor del Pueblo, que debido al número elevado de ingresos que hay a diario, se ralentiza el proceso de determinación de si son menores o mayores de edad, e incluso, repercute en el propio funcionamiento del centro. Afirma que esta situación lleva a que personas de 18 años o más están en el centro durante varios días.
En relación a la educación, la Fiscalía apunta que los menores en edad escolar van a los colegios y están escolarizados y los más mayores reciben cursos de formación, como hostelería o informática, así como talleres de alfabetización y habilidades sociales, si es que lo necesitaran.
Adultos merodeando
Una de las quejas de APDHM es que hay adultos merodeando por los alrededores de La Purísima. La Fiscalía destaca que la dirección del centro solicitó a Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional y la Guardia Civil que “intensificaran su actuación en las proximidades, a fin de evitar que personas ajenas a este centro accedan al mismo y el riesgo que ello comporta para los menores ingresados”.
Otro de los asuntos que planteó esta ONG es la formación que tiene el personal del centro de acogida. La Fiscalía indica que han realizado varios cursos en este año, como prevención y resolución de conflictos, protección de menores y consumo de drogas.
Además, la Fiscalía reconoce que hay “problemas derivados de la excesiva ocupación del centro”. De hecho, habla de que hay 350 menores. Pero el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, aseguró la semana pasada que había un total de 445 menores acogidos, siendo 450 el máximo que ha registrado La Purísima.
El Defensor del Pueblo añade que la Consejería de Bienestar Social respondió a todas las cuestiones planteadas sobre el funcionamiento del centro de un modo similar al de la Fiscalía.
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