Cuestiones administrativas

La juez se interesa sobre el funcionamiento de la contratación pública. La “intuición” del consejero de Economía, Daniel Conesa, sobre su imputación en el caso de la ‘Operación Ópera’ no era desacertada. A primera hora de la mañana Conesa expresó ante los medios de comunicación que intuía que su citación tenía que ver con que en la anterior legislatura formó parte de la Mesa de Contratación. Después de su comparecencia ante la juez de Instrucción número 4, Mª José Alcázar,  el consejero afirmó que había respondido todas las preguntas “desde mi conocimiento sobre cómo funcionan algunas cosas”. “Estamos hablando de contratos que pasan por la Mesa de Contratación y todo eso. No puedo hablar más, pero entré tranquilo y salgo muy tranquilo”, concluyó.
El carácter de las preguntas que se han realizado en los interrogatorios a detenidos e imputados en la llamada ‘Operación Ópera’, ya lo adelantó El Faro el domingo. Fuentes del Juzgado de Instrucción número 4 dijeron a este diario que las preguntas realizadas por su titular y la Fiscalía estuvieron relacionadas con la contratación pública, los procedimientos más habituales en la Administración local y aclaraciones del sistema seguido para la adjudicación de obras y servicios.
“He respondido desde mi conocimiento de cómo funcionan algunas cosas”, aseveró Conesa, que no entró en detalles sobre qué  preguntas concretas se le hicieron en aras de respetar el secreto de las actuaciones, pero sí apuntó a que las cuestiones planteadas versaron sobre el funcionamiento de la contratación pública en la Ciudad Autónoma y concretamente en la Mesa de Contratación.
El consejero recordó que él y “la mayoría de los que hemos sido citados hoy (por ayer) a declarar como imputados pertenecían a la Mesa de Contratación en la anterior legislatura 2007-2011”. Por ello, Conesa dijo intuir con bastante certeza que las preguntas iban a estar relacionadas con esta circunstancia.
Sin embargo, aclaró que el interrogatorio no tuvo el mismo cariz, por ejemplo, que el realizado hace unos meses respecto de algunos contratos que pasaron por la Mesa de Contratación y que el Tribunal de Cuentas envió a la Fiscalía para su investigación más minuciosa.
La ‘ley del silencio’ siguió imperando ayer en los juzgados a pesar del ‘revuelo’ y curiosidad que entre los funcionarios causa la presencia de los medios de comunicación a las puertas de las Torres del V Centenario. Ni los imputados que declararon ayer ni sus abogados que les asistieron desvelaron detalle alguno de los interrogatorios ni de los cargos que se les imputa ni de la investigación de la ‘Operación Ópera’, tal y como les había advertido la juez Alcázar del “secreto” de las actuaciones.
La investigación, que se inició hace más de dos años, parte de la actividad de una gestoría que supuestamente había cometido un presunto delito de blanqueo de capitales. En la documentación incautada, los agentes observaron anotaciones contables relacionadas con la empresa Reformas y Construcciones Porvenir S.L., cuyo administrador único, Abdelkader Kasem, era hasta ahora el único detenido de la ‘Operación Ópera’.
La investigación recoge que Abdelkader Kasem, a través de las diferentes empresas que ha tenido, facturó con su único cliente, la Ciudad Autónoma, más de un millón de euros en los últimos cinco años. A raíz de estas pesquisas se inició otra línea de investigación sobre el patrimonio del consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig, su director general, José Pastor, y el ex titular de esta Consejería, Ramón Gavilán.
Los dos primeros y el interventor de la Ciudad, Francisco Platero, fueron detenidos, puestos a disposición judicial y en libertad provisional, sin fianza y con medidas cautelares el pasado viernes, mientras que Gavilán declaró ante la titular del Juzgado número 4 el domingo, nada más llegar a la ciudad de un viaje.