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Cuestionan la legalidad de la entrada de agentes marroquíes a Melilla

Más de un experto en cooperación policial y derecho internacional ha cuestionado la legalidad de la entrada de agentes marroquíes a Melilla durante el asalto a la valla fronteriza el pasado 24 de junio, quienes dejaron sus puestos en Nador para ingresar en España, "armados con porras y palos", recoger a decenas de migrantes y regresarlos a Marruecos.

Así ha publicado este sábado El País, al referirse a la "extrañeza" que despierta que los gendarmes y las fuerzas auxiliares marroquíes "se hayan mezclado entre Policía y Guardia Civil" en la ciudad autónoma para devolver en caliente a muchos de los migrantes que lograron saltar la valla.

Consultado por el diario nacional, el policía retirado y ex director adjunto de la Agencia Europea para el Control de Fronteras, Gil Arias, ha precisado que la entrada de policías extranjeros en España está regulada, por ejemplo, ante las comisiones rogatorias, es decir, que entran a practicar diligencias con la autorización de un juez; o las visitas de autoridades foráneas acompañadas de escolta policial, que requieren trámites diplomáticos y una descripción detallada del agente y su arma.

También se encuentra contemplado el ingreso de policías extranjeros en territorio español para la vigilancia transfronteriza, lo que se limita al espacio Schengen; o la persecución transfronteriza, que permite que un agente de otro país ingrese a España tras un delincuente, pero solo se aplica a Francia y Portugal.

Dicho en otras palabras, no hay ningún convenio que autorice a la policía marroquí a detener en España, por lo que, según ha aclarado el profesor de Derecho Comunitario de la Universidad de Comillas, Antonio Díaz, sería ilegal que los agentes marroquíes hubieran entrado y hecho arrestos en Melilla solo con el permiso a los agentes españoles presentes en la valla, ya que es algo que solo cabe en caso extremo y siempre que fuera una actuación autorizada por España a posteriori. "Si ocurrió, se tiene que investigar", ha asegurado.

Para Díaz, aunque lo ocurrido podría interpretarse como un rechazo de migrantes en la frontera, no se actuó correctamente porque la policía marroquí no tenía por qué haber entrado en España. No obstante, para este analista, no se hicieron entregas en la frontera, sino detenciones en suelo español por parte de la policía marroquí, lo que las hace "irregulares".

Por otro lado, el profesor de Derecho Internacional en Salamanca, Juan Santos, ha explicado a El País que ningún agente del orden puede ejercer funciones de carácter coercitivo en otro Estado si no media consentimiento. Sin embargo, el catedrático ha destacado que en las imágenes del 24J los agentes marroquíes y españoles han dado la impresión de estar trabajando conjuntamente y que no ha surgido un reproche posterior, por lo que parece haber existido dicho consentimiento. En cualquier caso, lo cree cuestionable políticamente porque "no se suele delegar el uso de la fuerza en otros países".

Por el contrario, desde Interior y Guardia Civil han defendido que la actuación no fue ilegal. En concreto, han justificado su validez hablando de conceptos como "derecho consuetudinario", o sea, normas no escritas que se cumplen porque se han hecho costumbre; u "operatividad", es decir, que era "más rápido y eficaz que ellos paran a llevarse a los inmigrantes".

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