Categorías: Sociedad

CSI-F y UGT lamentan las críticas de Miranda y CCOO exige su dimisión

 El consejero afirma que no quiere entrar en polémica, pero se ratifica en sus declaraciones

Las declaraciones del jueves del consejero de Educación, Antonio Miranda, sobre que Intervención “tarda mucho tiempo en resolver los expedientes” y con las que exigió “más diligencia” en estas labores han despertado las quejas de los sindicatos. CSI-F y UGT aseguran que las afirmaciones de Miranda son “lamentables y desafortunadas”. También es muy crítico CCOO, que pide al consejero que dimita de su cargo y que el presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, le reclame su acta de diputado para “no ser cómplice” de este miembro de su Gobierno local.
La polémica surgió hace dos días, cuando Miranda aseguró que los expedientes de la Consejería de Educación llevan semanas en las mesas de Intervención, como el convenio que se va a firmar entre la Ciudad y la Gota de Leche para que los trabajadores de esta institución puedan realizar sus labores en la nueva escuela infantil que abrirá en septiembre.
Ayer, en declaraciones a El Faro, el consejero de Educación aseveró que no deseaba entrar en una confrontación con los sindicatos. No obstante, se ratificó en sus declaraciones del jueves. Aseveró que no era una “crítica a los funcionarios”, sino “la realidad” de su consejería, pues aún está a la espera de que Intervención dé el visto bueno a varios documentos, como el acuerdo firmado con Cruz Roja para la financiación de los pisos de acogida de mujeres víctimas de violencia de género.
Miranda afirmó que está muy “tranquilo” y que no iba a entrar en el juego de los sindicatos. No obstante, insistió en que hay temas “rutinarios que son sencillos de resolver y que no conllevan problemas”, como las adjudicaciones de determinados servicios, que luego van a pasar por mesa de contratación y que están sin resolver por parte de Intervención. Uno de esos casos fue la convocatoria pública para la compra de muebles para la escuela de la Gota de Leche que estuvo varios meses para ser fiscalizada, añadió.

“Miranda, a casa”
Pero para los sindicatos las declaraciones del consejero de Educación son un ataque a los funcionarios de la Administración Pública. CCOO no se anda con rodeos y exige a Miranda que se “vaya a casa porque políticos como usted sobran en la ciudad”. Destaca en una nota de prensa que esas afirmaciones del consejero “ponen en duda la diligencia de los funcionarios a la hora de resolver los expedientes que tramitan”. Para este sindicato, los trabajadores públicos hacen su labor de forma “intachable”.
CCOO pide a Miranda que se pregunte por qué los funcionarios tardan en revisar los documentos. También quiere saber si no existe la comunicación con la Consejería de Hacienda como para enterarse sobre este tema antes de ofrecer esas declaraciones. “No sabemos si el señor Miranda vive en este mundo o quizás en un mundo de yupi en el que parece que los casos Ópera y Tosca que salpican al Gobierno al que él pertenece no van con él, en los cuales ha habido empleados públicos que han sido injustamente acusados por la opinión pública poniendo en duda su honorabilidad y su honestidad además de tener que pasar por los juzgados de la ciudad para declarar”, asevera CCOO.
Este sindicato pregunta a Miranda si los expedientes de su consejería “no adolecen” de algún defecto de tramitación y por ello, el personal de Intervención a los que “acusa alegremente ha tenido que subsanar lo que él creía que estaba bien hecho y por eso se ha dilatado en el tiempo”. Además, señala que ahora reclama “premura” para recibir esos documentos porque “quizás divisa el final de su Gobierno”. CCOO espera que si gobierna la oposición, Miranda diga adiós a la política. Y que si continúa el PP, este consejero no vuelva a estar en el Gobierno por “el bien de la ciudad y sobre todo, de los empleados públicos”.

UGT: Las quejas, a Imbroda
En este mismo tono se expresó ayer el secretario general de UGT en Melilla, Alonso Díaz, que resaltó que el Gobierno local “algo tiene de responsabilidad” en el hecho de que haya habido tantos interventores en el pocos meses. Animó a Miranda a elevar a Imbroda esas quejas e insistió en que los funcionarios de la Consejería de Economía y de esta área “no son responsables de los cambios de interventor”. Díaz aseveró que las afirmaciones del consejero de Educación fueron “lamentables y desafortunadas”.

Psicosis en los funcionarios
Por último, CSI-F dice que comprende la “preocupación” de Miranda por que no se paralicen algunos convenios o programas. Ésta fue una de las principales quejas del consejero. Sin embargo, CSI-F “no consiente que se critique la labor de los funcionarios”.
También afirma que hay una “psicosis entre los empleados para no actuar de manera errónea o ilícita” y añade que eso está llevando a ser “más prudentes en el ejercicio de sus funciones”. Además, el sindicato insiste en que “no es culpa del trabajador ese retraso”, sino de la planificación y gestión de los recursos de la Ciudad. Es más, propone hacer un estudio para que los funcionarios estén mejor distribuidos o ampliar las plazas en las áreas más demandadas y evitar la externalización de servicios a través de empresas privadas.

Exigen al consejero que “reflexione” y “matice”

El presidente de la Junta de Personal de la Ciudad Autónoma, Francisco Gómez, también envió ayer un escrito manifestando su desacuerdo con las declaraciones del consejero de Educación, Antonio Miranda. Gómez pide a Miranda que “reflexione y matice”sus desafortunadas afirmaciones”. Además, este sindicalista asevera que el consejero “se equivoca” con sus críticas porque los funcionarios de Intervención “siempre han demostrado su profesionalidad por encima de todas las circunstancias, así como su diligencia”. Asimismo, el presidente de la Junta de Personal de la Ciudad asevera que “todos los asuntos de todas las consejería pasan por Intervención y deben ser debidamente fiscalizados para que no se produzcan, como desgraciadamente ha ocurrido, situaciones que puedan poner en duda su legalidad”. Y añade que son estos empleados públicos sobre los que “recae esta responsabilidad”.

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