El Grupo de Cs en la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla lamentó que el último Pleno de Control de Preguntas de la legislatura haya servido únicamente para constatar la existencia de un Gobierno agotado, sin determinación en la defensa de sus acciones y que parece tener más que ocultar que cosas de las que enorgullecerse. Esto se desprende del hecho que la práctica totalidad de las preguntas presentadas por la formación naranja no recibieron respuesta. “
Contestaron, sí; pero no respondieron a nada de lo que le preguntamos”, aseveró el portavoz del grupo naranja, Eduardo De Castro, quien consideró que el Gobierno tampoco desmintió ninguna de las acusaciones vertidas en la sesión de control, por lo que, indirectamente, “vuelven a darnos la razón y a ratificar nuestras peores sospechas”.
Ello se vio en la pregunta sobre la cuantía de las facturas impagadas que reclama Eulen y que el Ejecutivo dijo no poder cuantificar por estar aún los técnicos estudiando el asunto, a pesar de que la deuda se reclamó en mayo de 2018. “Llevan ya más de 9 meses contabilizando la deuda… miedo me da pensar a cuánto va a ascender”, dijo.
El líder de la formación naranja explicó que el problema de las facturas que no han llegado a la vía judicial es que no hay contratos en papel, ya que las contrataciones se hicieron verbalmente. “No hay contratos, sí facturas impagadas”, explicó De Castro. “Por eso el interventor hace uso del procedimiento adecuado: declarar la nulidad; es decir, una revisión de oficio para que se declaren nulos 433.780 euros y el Consejo de Estado diár entonces que, para evitar el enriquecimiento injusto de la administración, esta tendrá que indemnizar a la empresa por el servicio prestado y no justificado al haberse prescindido totalmente del procedimiento de contratación”.
El portavoz del Grupo Cs lamentó que, al igual que la de las facturas de Eulen, quedase sin aclararse los motivos por los que dejó de cobrarse casi 1.000.000 de euros por parte del Servicio de Recaudación, que permitió que estas reclamaciones prescribiesen.
“Si las cosas se hubiesen hecho correctamente, tendríamos 1 millón de euros que se podría haber destinado a muchísimos proyectos”, lamentó De Castro, quien recordó que culpar a la empresa adjudicataria del servicio, Getyr, no exime de culpa al Gobierno.
En cuanto a la pregunta sobre la presencia de amianto, después de que el Gobierno negara que hubiese rastro alguno en dependencias municipales, en esta ocasión no les quedaba otra escapatoria que reconocer que esta sustancia se encontraba en el techo del Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales. “No les quedaba más remedio porque ellos han contratado de emergencia la retirada de amianto a una empresa especializada y esa contratación no la pueden hacer desaparecer”, dijo.
Cs anunció que solicitará el expediente del convenio con la Asociación Musical y Cultural Amazigh ante la falta de respuestas respecto al curso ‘Aprende Tamazigh cantando’, que con el mismo profesorado y el mismo número de alumnos, pasó de costar 20.000 euros en 2017 a necesitar 50.000 euros para su desarrollo en 2018
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