CpM recurrirá el auto de imputaciones por varios y presuntos delitos electorales

Los cepemistas ya han catalogado de “atropello policial y judicial” toda la investigación por el supuesto fraude electoral de las Generales de 2008. Coalición por Melilla recurrirá el auto en que se imputa a su presidente, Mustafa Aberchán, en varios tipos de delitos electorales y un presunto delito de falsedad. El auto, dictado por el juez competente en la causa abierta en 2008 por un presunto fraude y manipulación del voto en los últimos comicios generales, podrá ser recurrido en un plazo de tres días hábiles a partir de su notificación a las partes, que por un lado conforman los imputados, un total de 27, y por otra el Partido Popular, que con su denuncia en marzo de 2008 inició la apertura de las diligencias previas que dan contenido al procedimiento judicial en marcha.

Delitos electorales

El auto, tal cual adelantamos ayer, imputa un delito electoral continuado a los 27 imputados, entre los que se incluye el exempleado del PSOE, autoinculpado en el procedimiento, Nordin Abdel-lah, siete dirigentes de la actual ejecutiva regional del PSME-PSOE, tres de la ejecutiva de Juventudes Socialistas de Melilla, dos exdirigentes de la misma, el presidente de CpM, sus más directos familiares (esposa y dos hijas y una hermana), una empleada de CpM en el año 2008, y varios simpatizantes y militantes de la coalición CpM-PSOE.
Además de la imputación coincidente para todos los citados, que deberán comparecer en el juzgado entre los días 8 y 11 de marzo, se imputa la presunta implicación en varios tipos más de delitos electorales a Muñoz, Aberchán y Azmani, y uno más tan sólo, pero también de tipo electoral, a la diputada en la Asamblea de Melilla y secretaria de Igualdad del PSME-PSOE, Celia Sarompas, y al exvicesecretario general del mismo partido y actual secretario general de la UGT melillense, Alonso Díaz.
Además, a Muñoz, Aberchán, Amín Azmani, y el secretario de Organización de JJ.SS., Sergio Martínez, y la adjunta de éste, Eman Mohamed Mohamed, también se les imputa un presunto delito de falsedad documental de los previstos en el Código Penal.
Igualmente, en el auto se da traslado al Fiscal de la investigación judicial y policial realizada para que se pronuncie sobre la posibilidad de imputar a Aberchán, Muñoz y el abogado de CpM en un presunto delito de obstrucción a la Justicia.

Recurso de nulidad

Además, el mismo auto recoge que el recurso de nulidad de actuaciones que respecto de la misma causa presentó el pasado 20 de enero Mustafa Aberchán, se resolverá en los próximos días, puesto que está a expensas de que se pronuncie sobre el mismo el Ministerio Fiscal, por lo que el titular del Juzgado de Instrucción nº4, competente en el procedimiento, señala que si hasta ahora no se ha resuelto ha sido “por causas ajenas a la voluntad” del mismo juez instructor.

Delitos que se imputan

El presunto delito que se imputa en todos los casos, el delito electoral continuado, es el 146.1 a), previsto en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, y se aplica a quienes por medio de recompensas, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector, o le induzcan a la abstención.
Además, a Muñoz, Aberchán y  Amín Azmani, además del presunto delito de falsedad, también se les imputa la presunta comisión de otro delito electoral, previsto en el art. 140. I. J, relativo a quienes cometen falsedad en materia electoral.
Asimismo, se les imputa una presunta vulneración del art. 139.8 de la misma ley, relativo a quienes incumplen los trámites establecidos para el voto por correspondencia. Este delito también se imputa a Alonso Díaz y Celia Sarompas.
Los delitos electorales de los que hablamos se castigan con penas de arresto mayor y multas de 180 a 1.800 euros.

Valoración

Hasta ahora, sólo CpM ha actuado tras emitirse el auto, con una asamblea de un comité integrado por 200 personas, según el mismo partido, en el que se reiteró que la causa judicial objeto de este artículo e iniciada a partir el envío de cartas falsas a parados prometiendo trabajo en los Planes de Empleo de la Delegación del Gobierno, es un “atropello judicial y policial sin precedentes en la historia democrática de Melilla” y que consideran orquestado por el Partido Popular que preside el también presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda.