El grupo parlamentario de CpM ha pedido que la defensa del mantenimiento del 50% de bonificación de las cuotas patronales a la Seguridad Social se realice mediante una iniciativa legislativa por parte de la Ciudad Autónoma, según dejó de manifiesto este jueves en la reunión que mantuvo la Comisión de Economía, donde habían de debatirse y aprobar en su caso, las mociones sobre las bonificaciones a la Seguridad Social de los empresarios melillenses recogidas en el RD ley 1/2023.
En ese sentido, el partido ha señaldo que tanto PP como ellos mismos y el grupo mixto han defendido la necesidad de que dicha normativa debe ser suspendida o, en todo caso, modificada por parte del Gobierno de la nación. La conclusión es buscar un texto alternativo y consensuado el próximo lunes con la convocatoria de una Junta de Portavoces. La idea es que los tres grupos, que representan una gran mayoría de la Asamblea, suscriban una misma moción.
Para Coalición por Melilla, si bien existían ciertas coincidencias entre las propuestas, “es evidente que el procedimiento o el camino para que dicha reclamación no sea como siempre un simple brindis al sol, debería utilizarse la capacidad de iniciativa legislativa de la Asamblea que recoge nuestro estatuto”.
CpM considera que “los tiempos, los ruegos y las esperas de los empresarios melillenses afectados han dejado de ser una vía, puesto que la experiencia nos demuestra que de poco o nada han servido a pesar de las muchas advertencias”.
Para el diputado cepemista, Rachid Bussian, es importante la decisión provisionalmente adoptada, donde además, dijo, vamos a buscar la aprobación del PSOE.
Lo que necesita Melilla, sgún Bussian, “es hacer efectiva una imagen de unidad de la Asamblea ante el mismísimo Congreso de los Diputados, para que defendamos allí una propuesta conjunta y que los partidos nacionales voten y dejen claras sus posturas al respecto”.
La propuesta de unidad de acción de CpM recoge la solicitud de una moratoria para la entrada en vigor de la ley y la posibilidad de iniciar los trabajos para una posible iniciativa legislativa.
La normativa que entra en vigor, a juicio de Coalición por Melilla, "está sembrando de incertidumbres y recelos a los empresarios", que necesitan de soluciones inmediatas. Bussian, opina que, si seguimos pasivos y esperando como hasta ahora, “no habrá solución y se convertirá en un duro golpe para la economía de Melilla”, porque asegura, esos efectos negativos incidirán en el paro.
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