Mustafa Aberchán señala que son comercios y negocios que “tienen una determinada licencia, pero que desde hace años se dedican a la venta de otra clase de productos”
El principal partido de la oposición, Coalición por Melilla (CpM), ya ha presentado a la Mesa de la Asamblea las preguntas e interpelaciones que planteará al Ejecutivo autonómico durante el próximo Pleno de Control, que se celebrará el 30 de noviembre. El máximo dirigente de los cepemistas, Mustafa Aberchán, compareció ante los medios de comunicación para anunciar que la mayor parte de los temas que debatirá su grupo en la sesión plenaria versan “sobre los derechos constitucionales aún no conquistados en la ciudad”.
“El 90% de los asuntos tratará aspectos como la vivienda, la educación, el trabajo y el empleo”, señaló Aberchán. No obstante, habrá dos preguntas ajenas a esta temática. Por un lado, se hablará sobre el contenido de la reunión que mantuvieron el presidente autonómico, Juan José Imbroda, y el del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, hace un par de semanas, mientras que por otro, se inquirirá sobre la situación en la que se encuentran los pasos fronterizos que separan la ciudad de Marruecos, así como los incidentes vividos recientemente en Beni Enzar.
En el caso concreto de las interpelaciones, “tocarán de manera directa o indirecta la situación de desempleo que hay en Melilla”, según Aberchán. Una tratará “el derecho a la vivienda que tienen todos los ciudadanos”, el cual es más complicado de alcanzar que nunca a causa de las crisis económica que atraviesa España.
Más llamativa es la segunda interpelación, que planteará la situación en la que se encuentran 60 empresas locales “irregulares, entre comillas”, según calificó el líder cepemista. En palabras de Aberchán, éstas llevan más diez años realizando actividades comerciales sin problemas y reclama algún tipo de solución al Gobierno local.
“Después de tener licencia de obra, de apertura, en algunos casos de vallado y en otros de adjudicación exclusiva de productos de primera necesidad, han escapado de esa actividad comercial”, señaló. “Estamos hablando de 60 negocios que si cierran pueden suponer una pérdida de 250 puestos de trabajo directos y 565 indirectos en la ciudad”, argumentó.
32 millones de euros al año
Además, señaló que estas empresas facturan un total de 32 millones de euros anuales y aportan seis millones de euros a las arcas municipales en concepto de recaudación de IPSI. “Es un tema lo suficiente importante para que lo tratemos en el Pleno y busquemos una solución”, añadió.
“Durante muchos años se han dedicado a una actividad estable y han garantizado muchísimos puestos de trabajo, algo esencial para la ciudad autónoma”, añadió Aberchán. Además, detalló que estos negocios se encuentra en la carretera de Farhana, en la de Hardú y en las proximidades del Barrio Chino. “Son licencias otorgadas en una dirección y empleadas para la venta de otros productos. Una irregularidad que se ha mantenido durante años y que ahora hay que solucionar”, agregó.
Como ejemplo más cercano de lo que pretende su partido con este conjunto de 60 empresas, Aberchán recordó el caso de las hormigoneras y chatarreras que en el año 2009 se encontraban asentadas en terrenos rurales, algo ilegal.
El asunto surgió a finales del año 2008, cuando la Guardia Civil denunció la actividad de cuatro empresas hormigoneras asentadas en suelo rural por la falta de superficie industrial. En aquella ocasión, se optó por abrir un proceso de regularización por el que concedió una licencia de diez años para que siguieran ejerciendo su actividad mientras se buscaba una solución definitiva.
Pasado ese periodo, el asunto llegó al Pleno de la Asamblea.
En aquel entonces, el Gobierno autonómico, ante la falta de suelo industrial para trasladar a estas empresas, optó por prorrogar las licencias. Eso sí, ante el agravio comparativo que podrían causar a las que pagaban plusvalías por estar asentadas en suelo industrial, se impuso a las que estaban en terrenos rurales un canon especial hasta que pudieran trasladarse.
Aberchán no detalló a fondo lo que espera con su interpelación, pero la analogía que realizó con el caso de las hormigoneras hace pensar en una petición para que se amplíen los permisos mientras se busca una solución definitiva.
