El diputado de Coalición por Melilla (CpM) Hassan Mohatar criticó ayer que el Gobierno no haya tenido en cuenta a la oposición a la hora de elaborar el pliego de condiciones del nuevo contrato del servicio de recaudación de tributos. Mohatar recordó que su formación ha sido siempre muy crítica con el sistema que se utilizó para que la empresa que se encarga actualmente de esta gestión se hiciera con el contrato. Explicó que durante doce años se ha invertido un dinero excesivo en esta gestión y consideró que el nuevo pliego así lo demuestra. Según Mohatar el contrato sale a licitación por unos 800.000 euros al año, cuando hasta ahora se habían venido pagando cerca de dos millones de euros anuales.
El cepemista advirtió de que estarán muy vigilantes para ver la liquidación que se le hace a la hasta ahora encargada del servicio. Aseguró que calculan que esta empresa se ha llevado más de 20 millones de euros en los doce años que ha estado realizando esta gestión. Asimismo, apuntó que en muchos puntos la adjudicataria no cumplía con el anterior contrato.
El diputado del principal partido de la oposición también criticó que el plazo que se va a dar para presentar las ofertas para la nueva adjudicación es muy corto, con fecha límite del 31 de diciembre.
No obstante, reconoció que en el pliego sí se han recogido algunas de las reivindicaciones que su formación venía haciendo hace años para tratar de mejorar este servicio y conseguir que no supusiera un gasto tan elevado para las arcas municipales.
Además explicó que, por ejemplo, ahora los trabajadores de la empresa tendrán que ir uniformados con lo que se diferenciarán de los funcionarios que prestan su labor en la misma consejería, algo que hasta ahora no ocurría.
Subrogar la plantilla
Asimismo, Mohatar dijo que aunque se permitirá que se preste el servicio en dependencias municipales, algo que nunca ha convencido a su formación, al menos se ha recogido de forma específica este aspecto en el pliego de condiciones, algo que no ocurría antes.
El cepemista apuntó, además, que se obliga a la nueva adjudicataria a subrogar a todos los empleados que se encargaban hasta ahora de estos trabajos. Una veintena de personas, cuyas nóminas supondrán un gasto de unos 675.000 euros al año para la empresa que se encargue del servicio.
El diputado del principal partido de la oposición aseguró que en la próxima comisión de Economía y Administraciones Públicas que se celebre pedirán más información sobre este contrato. Señaló que está previsto que haya una en este mes de diciembre, pero dijo que si no es así no descartan solicitar la convocatoria de una comisión extraordinaria para que se aclaren algunos puntos.
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