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Almansouri considera que la Fiscalía tendría que actuar de oficio para evitar estos casos
La diputada de Coalición por Melilla (CpM) Dunia Almansouri denunció ayer que se expulse a residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) con criterios que no están del todo claros. Almansouri dijo que el centro carece de un reglamento interno, aunque tal y como publicó El Faro, desde el CETI apuntan que sí cuentan con una normativa, aunque ésta va a ser modificada para adaptarse a las nuevas circunstancias.
Almansouri consideró que debe ser la Justicia la que establezca un castigo de este tipo, en referencia a que no se permita a algunos inmigrantes el acceso al centro durante unos días. En cualquier caso, dijo que en lo que se refiere a los residentes que cometen una falta y a los que se les sanciona, se les debería ofrecer una alternativa de alojamiento. Recalcó que no puede permitirse que estas personas estén durmiendo en la calle y llamó a humanizar una situación que no puede darse por normalizada.
La cepemista dijo que es evidente que el CETI se dan circunstancias que no son adecuadas e hizo referencia al caso concreto de los refugiados. La diputada del principal partido de la oposición recordó que numerosas instituciones ya han denunciado que estas instalaciones no deberían servir para dar acogida a solicitantes de asilo. También dijo que ni siquiera hay agua caliente en el centro y señaló que su formación va a pedir una visita al CETI para comprobar de primera mano todas las cosas que es imprescindible mejorar.
La diputada del principal partido de la oposición consideró que los hechos de los inmigrantes que duermen en la calle, la Fiscalía debería actuar de oficio. “Los partidos políticos no podemos estar judicializando todo lo que sucede a nuestro alrededor, en un caso como este se debería actuar de oficio”, apostilló.
Almansouri insistió en que no puede permitirse que se den circunstancias de este tipo y dijo que en cualquier caso debería ser la Justicia la que determinara si un inmigrante pierde su derecho a residir en el CETI por haber cometido alguna falta más o menos grave.
Hay que recordar que Prodein (Pro Derechos de la Infancia) denunció esta semana que había varios inmigrantes durmiendo en la puerta del CETI porque se les había castigado quitándoles la tarjeta que les permite acceder a las instalaciones durante unos días. El presidente de la ONG, José Palazón, dijo que se trata de una situación habitual y consideró que no puede permitirse. Aseguró que en este caso se trataba de cuatro hombres, pero indicó que otras veces también han sido mujeres las que han tenido que dormir en la calle. Lamentó que no exista un reglamento claro para dirimir qué faltas llevan aparejada la expulsión.
Asimismo, fuentes del CETI reconocieron que la comisión de algunas faltas puede tener como consecuencia que se retire a los infractores la atención que se presta desde el centro. Señaló que sí existe un reglamento, aunque reconoció que está anticuado y que están a la espera de que se dé el visto bueno a una nueva normativa. Además, dijeron que hay que tener en cuenta que en las inmediaciones del centro también duermen muchas personas que no son residentes de las instalaciones.
Uno de los “expulsados” ya ha reingresado, según Palazón
El líder de la ONG local Prodein (Pro Derechos de la Infancia), José Palazón, señalaba ayer que uno de los jóvenes que supuestamente había sido castigado y enviado a dormir fuera del CETI reingresó en el entro, mientras que los otros tres aún tienen que cumplir un día más, de los cinco durante los que han sido expulsados. El reingresado es sirio y los otros de Guinea Konakry. Hay que señalar que Palazón denunció la situación el lunes. El martes aseguró en declaraciones a El Faro que este tipo de realidades son habituales en el centro. Lamentó, asimismo, que para los argelinos sea prácticamente imposible ingresar en las instalaciones. El líder de Prodein señaló que no existe un reglamento claro que precise los criterios que se siguen a la hora de calificar una falta como leve o grave o sobre las consecuencias que éstas pueden tener para los inmigrantes que viven en las instalaciones.