CpM afea al PSOE que hable de consejerías investigadas o no por la Justicia

Coalición por Melilla le ha afeado al PSOE que asegurara que las consejerías gestionadas por los socialistas no están siendo objeto de la investigación judicial en marcha. Fuentes oficiales de CpM han dejado claro que “si ellos conocen lo que hay bajo secreto de sumario nosotros no”, en relación con el contenido de las diligencias que instruye el Juzgado número 2 de la ciudad sobre la presunta trama de compra de votos por correo.

Las mismas fuentes cepemistas consultadas por El Faro indicaron que lo único que se sabe en el partido es que se ha pedido información sobre determinadas facturas y que todo está protegido por el secreto dictado por la juez. “Eso es todo lo que sabemos y se supone que ellos debería saber lo mismo”, insistieron nuestros interlocutores.

CpM lo único que conoce respecto de la investigación judicial es que “se ha pedido paralizar algunos pagos concretos a empresas concretas” y en modo alguno que haya consejerías objeto de pesquisas. “No sabemos nada de que se investiguen consejerías ni cuáles”.

En este sentido hay que recordar que la vicepresidenta primera en funciones y secretaria general del PSOE, Gloria Rojas, aseguró a los periodistas que ninguna de las áreas de Gobierno bajo responsabilidad socialista forma parte de esa investigación, como tampoco las sociedades públicas por ellas gestionadas.

Hace un semana que agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Melilla entregaron al presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, el auto judicial por el que se pedía que se facilitara a los agentes actuantes información relacionadas con determinadas empresas. En ese mismo requerimiento judicial se ordenaba la paralización del pago de facturas a esas empresas.

La investigación de la supuesta trama de compra de votos en Melilla está bajo secreto de sumario y ha sido asumida por la Fiscalía Anticorrupción por decisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El decreto de la Fiscalía General, firmado el pasado 26 de mayo, hacía alusión a las investigaciones realizadas por la Policía Nacional, que ponían de manifiesto “la existencia de una operación a gran escala de compra de votos, mediante la que se abonaban entre 100 y 150 euros a un importante número de ciudadanos, alterando la mecánica legalmente establecida del voto por correo”.

Según las averiguaciones practicadas, dicha operación habría sido llevada a cabo “por varios individuos afines o relacionados con Coalición por Melilla” (CPM), al que pertenecen algunos de los 10 detenidos en la operación policial realizada el pasado martes en la ciudad autónoma, entre ellos, el entonces consejero de Distritos y candidato número 3, Mohamed Ahmed.

El decreto de la Fiscalía General del Estado señala que esos “individuos afines o relacionados” con CPM “conformarían una estructura organizada, con planificación previa y concertada”.

“La compra de votos se estaría financiando, además, con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas” con CPM “en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la Ciudad Autónoma”, agrega la Fiscalía General del Estado.

Los hechos podrían ser constitutivos de falsedad documental, prevaricación, malversación y cohecho, además de delitos electorales de los arts. 141 y 146.1 a) de la L.O. 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, “sin perjuicio de ulterior calificación”, de acuerdo con el atestado policial.

La Fiscalía General del Estado considera que se trata de “un supuesto de especial trascendencia” incardinable en el artículo 19.4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), lo que permite que la Fiscalía Anticorrupción asuma el caso.

Así, justifica que los hechos suponen “una manifestación de delincuencia o criminalidad organizada” y tienen gravedad y trascendencia “desde el punto de vista social y político” por “la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular”, además de “la complejidad de las investigaciones” que se deben desarrollar.