Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han concentrado, el viernes por la mañana, a los trabajadores de Correos de Melilla frente a la puerta de la empresa para protestar contra el “desmantelamiento” que el presidente, Juan Manuel Serrano, está llevando a cabo ante la pasividad del Gobierno central, según ha indicado la delegada sindical en Correos de UGT-Melilla, Ana María Jiménez.
La movilización se enmarca en tres jornadas de huelga convocadas a nivel nacional, que comenzaron en Madrid el miércoles y culminan este viernes con las concentraciones que se han llevado a cabo en cada autonomía
Jiménez ha asegurado que no aceptan “el tijeretazo del 50%” en la financiación del servicio público postal y el correo público español, la menor de toda Europa, según ha dicho. La dirigente ugetista también ha declarado que la empresa se encuentra “al borde de la quiebra técnica, con un déficit estructural de 400 millones y más de 1.000 millones de créditos para pagar nóminas”, más el déficit correspondiente desde la llegada de Serrano.
Así, los sindicatos no pueden tolerar, en palabras de Jiménez, “las consecuencias de la desastrosa gestión de un presidente que es manifiestamente incapaz”, lo cual ha provocado descensos en paquetería y en cartas que ha cifrado en el 40% y el 18%, respectivamente. Y eso por no hablar –ha continuado- de que los centros están “vacíos”, ya no se llega a la llamada España vaciada y, en definitiva, “se abandona la ambición de servicio público”.
Jiménez parece tener claro que la empresa se dirige “a la quiebra y a la privatización, evidentemente”, con un presidente que ha recortado 7.000 empleos en la plantilla en todo el ámbito nacional –de 55.000 a 48.000- y que tiene a 10.000 personas –un 20%- trabajando a tiempo parcial, con el agravante de que se espera que ese cifra se duplique en el año 2024. “La empresa pública se ha colocado estos cuatro años como la campeona del empleo basura”, ha protestado Jiménez.
Por ello, según la dirigente de la UGT, los sindicatos exigen “la paralización del plan estratégico del desmantelamiento del correo público y revertir las medidas dañinas aplicadas por Serrano y su equipo”. En definitiva, ha añadido, se trata de “cambiar el modelo, que está fracasando claramente, y abrir una discusión sobre el modelo postal público que merece este país”. Así, para Jiménez, el objetivo de estas movilizaciones se resume en “garantizar la viabilidad futura del correo público del país y abordar, en un marco de respeto a la democracia laboral, una regularización interna basada en convenios, acuerdos, garantías de derecho y empleo de calidad”.
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