Coordinadora de Barrios informa al Fiscal del Estado de supuestos delitos en la valla

La ONG que alertó de devoluciones ilegales en Chafarinas acusa de prevaricación a agentes que actuaron en el salto.

La Coordinadora de Barrios, la ONG que ha alertado de irregularidades en la devolución de los inmigrantes que en septiembre de 2012 fueron desalojados de Isla de Tierra y de Chafarinas en abril de este año, registró el pasado lunes en la Fiscalía General del Estado un documento que describe presuntas ilegalidades cometidas por la Guardia Civil y la Gendarmería marroquí en el salto a la valla de Melilla del 18 de junio.
El documento, al que ha tenido acceso El Faro, denuncia que ese día 150 personas que intentaban entrar de manera ilegal en España, “quedaron atrapadas en territorio español al saltar la valla que separa España de Marruecos”.
La ONG también denuncia que tropas marroquíes “uniformadas y con armas entraron en territorio español para llevarse por la fuerza a muchas de esas personas migrantes, al tiempo que los golpeaban fuertemente y les lanzaban piedras”.
Según la Coordinadora de Barrios, “todos estos hechos ocurrieron ante la atenta y consciente mirada de los miembros de la Guardia Civil que estaban a pie de valla y que no hicieron nada por evitar las palizas y coacciones y que, de común acuerdo con las tropas marroquíes, devolvieron estas personas a Marruecos, contraviniendo la legislación nacional e internacional vigente”, añade el texto.

Delitos de coacciones
Además, según la Coordinadora de Barrios, “una vez fuera del territorio nacional, algunos de estos inmigrantes fueron apaleados durante más de 15 minutos por grupos de las fuerzas auxiliares marroquíes, hasta conseguir que no se movieran, siendo escondidos por esta Policía detrás de unos matorrales después de que les sustrajeran las pocas posesiones que portaban”, recoge el documento.
La ONG le facilita además al fiscal general del Estado un enlace de un sitio de Internet en el que están colgados los vídeos grabados sobre las supuestas irregularidades cometidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante los saltos a la valla de Melilla del pasado 18 de junio.
También le solicita que investigue estos hechos porque podrían ser constitutivos de los delitos de omisión del deber de socorro, coacciones, prevaricación e impedimento de la asistencia letrada.
Por esto la Coordinadora de Barrios pide a la Fiscalía que de oficio solicite a la Comandancia de Melilla que identifique a los guardias civiles que estaban ese día y a esa hora prestando servicio en la valla. También reclama que se tome declaración, en calidad de imputados, a esos agentes y propone que se llame a declarar en calidad de testigo al responsable de la ONG Prodein, José Palazón, como autor del vídeo que recoge las imágenes que prueban las prácticas poco ortodoxas de los gendarmes marroquíes en la valla de Melilla.
El escrito de la Coordinadora de Barrios, firmado por Javier Baeza, concluye subrayando “la esperanza de que la justicia sea igual para todos y que los delitos se persigan sea quien sea quien los cometa”.

La opinión de los expertos
Expertos en Derecho Penal que han tenido acceso a la queja que la Coordinadora de Barrios ha presentado esta semana a la Fiscalía General del Estado consideran que el escrito “obliga a la Fiscalía a que actúe”.
No obstante, reconocen que “la calificación jurídica podía haberse afinado bastante más”.
La Coordinadora de Barrios ha decidido informar a la Fiscalía General del Estado sobre las presuntas irregularidades que habrían cometido en el salto a la valla del pasado 18 de junio tras hacerse público el informe ‘Expulsiones en caliente: Cuando el Estado actúa al margen de la ley’, firmado por 16 prestigiosos profesores, catedráticos y ex magistrados del Tribunal Constitucional.
En declaraciones a El Faro la directora del estudio, Margarita Martínez Escamilla, recalcó que los guardias civiles que permiten que los ‘mejanis’ entren en España y cometan supuestos excesos contra los inmigrantes que asaltan la valla podrían incurrir en hasta tres delitos (prevaricación, omisión del deber de socorro y autor en comisión por omisión).
De hecho, en su opinión, a los agentes se les podrían achacar todos los delitos que cometan los gendarmes marroquíes contra los inmigrantes en territorio español (coacciones o lesiones, entre ellos). Además, la profesora de la Complutense cree que los guardias civiles podrían ser considerados “cooperadores necesarios” de esos delitos.

Pro Derechos Humanos registra el informe antiexpulsión

El responsable de la ONG Pro Derechos Humanos de Melilla, José Alonso, ha registrado esta semana en los juzgados de la ciudad el informe ‘Expulsiones en caliente: Cuando el Estado actúa al margen de la ley’,
El estudio, elaborado por 16 profesores, catedráticos y ex magistrados del Constitucional, asegura que las ‘expulsiones en caliente’ son irregulares, que el acuerdo hispano-marroquí de 1992 lejos de facilitar las devoluciones, introduce más requisitos para realizarlas y cuestiona el concepto operativo de frontera que utiliza el Ministerio del Interior porque considera que “carece de cobertura legal”.
Como ha publicado El Faro, la Fiscalía de Melilla confirmó a este periódico que no ha abierto ninguna investigación de oficio sobre las devoluciones de inmigrantes en la valla.
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía constató que existen diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción número 5 sobre la devolución a Marruecos de 21 inmigrantes que entraron en la ciudad utilizando el método del coche ‘kamikaze’ (saltándose los controles fronterizos a gran velocidad).
Alonso decidió ampliar esta denuncia, añadiendo los hechos ocurridos en la valla el 18 de junio, cuando las cámaras grabaron a un ‘mejani’ apaleando a un inmigrante para obligarlo a bajar de la alambrada.