La Comisión de Interior del Congreso ha aprobado, con los únicos votos en contra del Partido Popular y las abstenciones de Ciudadanos, la presentación ante el Gobierno en funciones de una solicitud para la derogación de la norma que ampara las ‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes, así como la retirada de las concertinas en las vallas de Melilla y Ceuta.
La iniciativa, presentada por Unidos Podemos, ha quedado finalmente aprobada a través de una enmienda transaccional en la que se instará al Ejecutivo a presentar un proyecto de ley para derogar la disposición adicional primera de la Ley de seguridad ciudadana por la que se modificó la Ley de extranjería, con el objetivo de ofrecer “amparo legal” a las prácticas devolutivas llevadas a cabo en enclaves limítrofes como Melilla.
La proposición no de ley aprobada por la Comisión de Interior, además, solicita de igual manera la retirada de todas las concertinas instaladas en las vallas fronterizas de las ciudades autónomas por "los graves riesgos" que suponen para la integridad física de las personas que intenten sobrepasarlas.
El organismo pedirá también que las fuerzas de seguridad encargadas de la vigilancia de las fronteras en Melilla y Ceuta reciban “instrucciones” sobre los protocolos de actuación a seguir cuando se produzcan intentos de salto en las vallas y que se respeten el principio de no devolución y el derecho de solicitud de asilo.
En este sentido, la iniciativa impulsada por la formación morada incluye el desarrollo “con urgencia” del reglamento de la Ley de asilo, aunque pide que, hasta que se haya concluido dicho proceso, se emprenda un diálogo con el Gobierno de Marruecos, con el objetivo de facilitar el acceso a las oficinas de asilo de los puestos fronterizos de las ciudades autónomas.
Segundo intento
Es la segunda vez que el Gobierno recibe esta petición, pues ya en el mes de abril, durante el transcurso de la legislatura anterior, el Congreso solicitó la derogación de la norma que regula las ‘devoluciones en caliente’, a pesar de la negativa del Partido Popular y, en aquella ocasión, también Ciudadanos (ahora, partidario de la abstención).
El texto presentado entonces por los partidos defensores de la abolición de la norma instaba al Ejecutivo a “paralizar de manera inmediata las ‘devoluciones en caliente’ en la frontera de Ceuta y Melilla, por considerar dichas prácticas no acordes a la Constitución y a los tratados internacionales firmados por España, tal y como han declarado Acnur y el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, entre otros”.
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