Asegura que varios de los expedientes por los que el Juzgado ha imputado a una veintena de dirigentes y funcionarios ya fueron archivados en el año 2011 por el propio Tribunal de Cuentas.
El portavoz del Gobierno local y consejero de Economía, Daniel Conesa, ahondó en la jornada de ayer sobre el procedimiento abierto por el Juzgado Número 1 de la ciudad autónoma a resultas de un informe de la Fiscalía de Málaga, que a su vez proviene de un escrito del Tribunal de Cuentas, sobre falta de documentación en un total de 16 expedientes relacionados con la Mesa de Contratación de Melilla en el ejercicio 2006-2007. Conesa resaltó que los miembros del Ejecutivo están “algo estupefactos” por la “posible imputación de unas 22 personas” y señaló que el asunto que se está investigando es “ciertamente lioso”.
“Es un tema muy complejo y que debe ser tratado en su justos términos. Es fácil caer en el sensacionalismo al hablar de esto, porque desde el punto de vista mediático parece bastante atractivo”, apuntó el portavoz. Asimismo, indicó que el Gobierno de Melilla desconoce el número y el nombre de los que han sido imputados por el juez. “El viernes sólo conocíamos dos citaciones, supongo que en los próximos días llegarán más. El resto lo sabemos por los medios de comunicación. Lo que está ocurriendo parece un escándalo, pero no lo es”, defendió.
Decisión respetable
En palabras del portavoz, la actuación emprendida por el juez “merece todo el respeto del Ejecutivo local, ya que ha hecho lo que tenía que hacer”. No obstante, apuntó que la existencia de una hipotética responsabilidad penal por este asunto “es una base jurídica que fracasa, porque no tiene demasiado sustento”. Además, señaló que se está hablando “de irregularidades entre comillas, ya que más bien se trata de la falta de algún documento o de una determinada justificación”
“La mayor parte de estas cuestiones, por no decir todas, están plenamente justificadas. Otra cosa distinta es que, en algún momento, por el motivo que sea, un documento solicitado por el Tribunal de Cuentas no se haya enviado”, afirmó. “Es posible que en un expediente de cien páginas falten tres”.
Además, apuntó que varios de los expedientes afectados fueron archivados por el propio Tribunal de Cuentas hace dos años. En este sentido, explicó que el informe definitivo sobre el periodo de fiscalización del ejercicio 2006-2007 del Tribunal de Cuentas se emitió el 30 de junio de 2011, mientras que esta institución envió a la Fiscalía de Málaga el 28 de junio de 2012 el referente a la con la causa abierta por el Juzgado de Melilla.
Conesa aseguró que en este último hay expedientes en los que se alude a falta de documentación y que ya no aparecen en el definitivo del Tribunal de Cuentas al haber quedado justificados en su día. “No sé lo que ha pasado, voy a abstenerme de hacer valoraciones al respecto”, añadió.
Otros justificados
Asimismo, detalló que el Tribunal de Cuentas volvió a pedir documentación a la Ciudad Autónoma el 17 de julio del año pasado por unas actuaciones abiertas para determinar posibles responsabilidades contables y en octubre decretó que se archivara el asunto. “En esta ocasión también se dio carpetazo a expedientes sobre los que ahora la Fiscalía pide información. Es un asunto muy lioso”, apuntó el portavoz. “Estamos un poco estupefactos por todo esto”.
Conesa señaló que el ámbito del Tribunal de Cuentas y el de la jurisdicción penal son dos vías distintas, por lo que habrá que aclarar la cuestión por ambos caminos. En lo tocante al primero, el Ejecutivo seguirá aportando todo lo que se requiera, mientras que en el segundo se llevará al juzgado toda la información necesaria “para demostrar que toda la supuesta falta de documentos está completamente solventada”.
Tal y como afirmó a El Faro el pasado sábado, el portavoz aseguró que el Gobierno local está “muy tranquilo” en lo referente a este asunto. “Ya se está preparando toda la documentación para aclarar lo ocurrido, pese a que muchas de las cuestiones ya se solventaron ante el Tribunal de Cuentas”, insistió. “Se ha dado una discordancia entre dos ámbitos distintos que trataremos de aclarar”.
“Solamente sabemos que hay dos imputados. Nada más”.
Conesa apuntó que prefería no dar el nombre de los imputados hasta que hubiera algo firme al respecto. Así, señaló que el pasado viernes sólo se conocían dos citaciones y que hasta la fecha “no se sabe nada más”, aunque “lo lógico” es que se llame a todos los que participaron en la Mesa de Contratación en dicho ejercicio, tanto miembros del Gobierno como de la oposición, así como empleados públicos tales como el secretario, el auxiliar o el interventor de dicho organismo.
Entre los componentes de este órgano estaban Guillermo Frías como presidente, Rafael Marín y Ramón Gavilán, por parte del Gobierno local, mientras que por la de la oposición estaban la socialista Celia Sarompas y la cepemista Hadu Driss. “No tenemos conocimiento de ninguno de ellos haya sido citado”, insistió el portavoz
Además, subrayó que en las citaciones no se indica delito alguno. “Las personas que han llamado acudirán como imputadas para que vayan con abogado defensor. Si lo que se está dilucidando es una hipotética responsabilidad penal, así debe ser”, agregó.
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