Considera que todas sus críticas sobre la propuesta de reforma del Reglamento de la Asamblea obedecen al problema de su partido por la situación económica de Liarte. Daniel Conesa acusó ayer al presidente del PPL, Ignacio Velázquez, de mentir abiertamente en su valoración de la propuesta de reforma del Reglamento de la Asamblea de Melilla. Negó que se vayan a recortar funciones al secretario general de la Ciudad Autónoma o que se otorguen al presidente de la Ciudad más competencias de las que le asigna el Estatuto de Autonomía. Según dijo, Velázquez intenta camuflar con “falsedades” la auténtica motivación de sus críticas contra el Gobierno de Juan José Imbroda y que, explicó, no es otra que la situación económica que se deriva para su partido, una vez se reduzca a solo uno el asesor del que dispondrán los grupos políticos de la Asamblea que, como el PPL, únicamente tienen dos diputados.
Conesa catalogó por ello de “absolutamente falsos” los extremos barajados por Velázquez para calificar de “sectario, restrictivo, presidencialista y revanchista” la propuesta de nuevo Reglamento de la Asamblea, y subrayó que el grupo de Gobierno está dispuesto a discutir y pactar con la oposición, aunque no sin lamentar una “crítica tan frontal y rotunda” como la que el PPL ya ha abanderado para censurar la propuesta.
Modificaciones
Según detalló, la reforma tiene dos vertientes: una puramente técnica, que “han realizado cuatro técnicos cualificados de la Ciudad Autónoma”, y otra de tipo político, “que responde a la voluntad del Gobierno de la Ciudad”.
En el segundo apartado, incluyó la relativa a reducir a uno el número de asesores para grupos inferiores a 6 diputados, caso de los correspondientes al PPL o al PSOE, que por contar sólo con dos parlamentarios en la Asamblea local verán recortada su asignación para poder contratar asesores.
“No parece lógico que grupos con tan escaso número de diputados cuenten con tantos asesores como parlamentarios. Tampoco se da proporcionalidad con los que cuentan con más diputados. Esta reforma se introduce -desde luego- por voluntad política del Gobierno y en esto no vamos a andarnos con componendas”, subrayó Conesa, convencido de que tras las críticas de Velázquez subyace el intento del PPL “por solucionar sus problemas internos”, una vez se ha contratado a uno de sus diputados, Julio Liarte, como asesor, a fin de compensarle las perdidas que le supone su dedicación a la política, por ser incompatible su escaño con el cobro de su salario como alto funcionario de la Ciudad Autónoma.
“El PPL que ya ha contratado a dos asesores, conforme a lo que permite el Reglamento vigente, tendrá que echar a uno de ellos una vez se apruebe la reforma. Esto es lo que provoca las críticas de Velázquez”, zanjó Conesa, para rebatir a partir de ahí las descalificaciones que el presidente de Populares en Libertad ha dirigido al borrador de nuevo Reglamento.
Y es que, según Conesa, “no es verdad que se supriman competencias al secretario general, cuyos informes son preceptivos por imperativo legal. Lo que sí se ha hecho es crear un nuevo título que regula detalladamente los Plenos de Control, el debate del Estado de la Ciudad, las comisiones y otras convocatorias en la Asamblea de Melilla”.
El portavoz del Gobierno local explicó que con ello se aspira a mejorar un Reglamento, aprobado en el año 95 en tiempos de Presidencia de la Ciudad por parte de Velázquez precisamente y que, después, en 2004, cuando fue reformado, “no reguló debidamente extremos que a la postre se han revelado motivo de conflicto o perjudiciales para dar agilidad a la Asamblea de Melilla”.
Presidencialismo
Asimismo, negó que se otorguen al presidente de la Ciudad más funciones o competencias de las que ya le reconoce el Estatuto de Autonomía. “No es verdad que pueda sancionar a capricho a un diputado, lo que ocurre es que se regulan las sanciones en virtud de la legislación vigente y de sentencias existentes al respecto. Además, se impondrán por acuerdo del Pleno, a propuesta de la Mesa de la Asamblea, oída la Junta de Portavoces y tras brindar audiencia también al diputado objeto de la posible sanción”.
Tampoco es verdad, según Conesa, que se limiten los derechos de los diputados a recibir información, “lo que ocurre -añadió- es que no pueden hacerse un archivo histórico de acuerdos de órganos de la misma Asamblea, a costa de los funcionarios o empleados municipales que ya tienen su trabajo. Los diputados pueden cotejar los documentos pero no exigir que se les entreguen fotocopiadas todas las actas de los Consejos de Administración de una sociedad, por poner un ejemplo, porque la Administración no se puede paralizar para ponerse a su servicio. Si quieren fotocopiarlos, deberán hacerlo ellos mismos o auxiliados por el personal de su grupo”.
Única verdad
Según Conesa, de todo lo transmitido por el presidente del PPL sobre la reforma del Reglamento, sólo hay una verdad, y es que efectivamente se acorta a 48 horas el tiempo previo de convocatoria de una comisión. No obstante, señaló que con ello se retrotrae el Reglamento a su regulación en tiempos de Gobierno de Velázquez. “Se ha demostrado que puede ser más ágil este otro plazo de 48 horas y no de 72 como teníamos tras haberlo modificado en 2004. Lo que no se entiende es que a Velázquez le parezca mal lo que a él sí le servía cuando era presidente de la Ciudad”.
